17 julio 2010

EVADEN INDAGAR A EX DIPUTADOS 17/JUL/10

Ni la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) ni la Comisión de Responsabilidades del Congreso local han reaccionado para investigar los pagos irregulares a ex coordinadores de la 58 Legislatura durante 2008, pese a que sus atribuciones los obligan.

La ASEJ respondió, a una solicitud de información, que no auditó la Cuenta Pública 2008 del Congreso del Estado, ya que no fue incluida en su programa anual de actividades para 2009.

Esto no es impedimento, pues la Auditoría puede realizarse en cualquier momento, después de que concluyó el ejercicio señalado, afirma Aimée Figueroa, especialista de la Universidad de Guadalajara en fiscalización pública.

"No porque no la hayan hecho a tiempo significa que por eso ya prescribió la facultad, tiene que poderse auditar", apuntó la académica.

"De todas formas, no se pueden hacer patos, la facultad no ha prescrito y no tendrían por qué no auditar y por qué no rendir cuentas de todas las partidas y todos sus salarios y todo lo demás".

Por otro lado, el diputado priista Carlos Briseño Becerra, presidente de la Comisión de Responsabilidades evadió iniciar una investigación a los ex coordinadores con el argumento de que necesita primero que alguien se lo denuncie.

Sin embargo, la Comisión que encabeza tiene la facultad de llamar a los funcionarios que presenten inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales e iniciar una investigación si presume un enriquecimiento ilícito.

"Cuando existan bases fundadas que permitan presumir algún enriquecimiento ilícito, podrán ordenar la práctica de visitas de inspección recabando, en todo caso, la orden judicial", señala el Artículo 80 de la Ley de Responsabilidades.

La documentación en poder de MURAL revela que los ex diputados Jorge Salinas, José García, Juan Carlos Castellanos, Samuel Romero, Juan Óscar Díaz, Alfredo Zárate y Luis Manuel Vélez recibieron depósitos en cuentas personales de más de 5 millones de pesos durante el 2008, cuando su salario anual era de poco más de un millón de pesos.

Bernardo Jaén, presidente del Congreso Ciudadano, organización no gubernamental, afirma que más que un problema de leyes es de responsabilidad cívica.

"No se trata de crear más leyes o hacerlas más complejas, tiene que ver con un problema de responsabilidad cívica y política de los funcionarios, en este caso los diputados", comentó.

"Ellos están cansados de que la opinión pública los estén señalando como una fuente inagotable de escándalos y corrupción, pero la realidad es que no están haciendo absolutamente nada para mejorar la imagen que se tiene de los diputados".

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