07 diciembre 2010

Recibió 4.5 millones de pesos de Navidad el Presidente de Etzatlán 07/DIC/!0

Diputados que habían dejado la curul para buscar otro cargo de elección, cobraron bonos millonarios en diciembre de 2009, indica la auditoría a la LVIII Legislatura.

Los coordinadores de las cuatro fracciones minoritarias en la pasada Legislatura recibieron su Navidad, luego de que a través de la partida de aportaciones fracciones parlamentarias cobraron 18 millones de pesos en diciembre de 2009. Los recursos fueron entregados a los ex líderes de bancada de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Samuel Romero Valle; del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Manuel Vélez Fregoso; del Trabajo (PT), Alfredo Zárate Mendoza, y de Nueva Alianza (Panal), Guadalupe Madera Godoy.

Lo anterior se desprende de la auditoría que llevó a cabo la empresa Russell Bedford a los ejercicios 2007, 2008, 2009 y el mes de enero de 2010, la cual arrojó irregularidades por 426 millones de pesos (Público, 5 de diciembre de 2010). Ayer, la Junta de Coordinación Política dio a conocer formalmente el documento, el cual está fechado como entregado por la empresa desde septiembre de este año, aunque los coordinadores parlamentarios insistieron que la recibieron apenas el viernes pasado.

El ex coordinador de bancada que más recursos cobró al cierre de 2009 es Samuel Romero Valle, quien recibió dos depósitos, uno por dos millones de pesos y otro por tres millones y medio de pesos, para un total de 5.5 millones…

El caso más delicado es el del ex diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Manuel Vélez Fregoso, quien pidió licencia para buscar la presidencia municipal de Etzatlán. Ganó los comicios constitucionales y ya no regresó. Aún así, cobró en diciembre cuatro millones y medio de pesos.

La IP pide “castigo ejemplar” a ex diputados

Debe haber un castigo ejemplar” para los diputados de la anterior Legislatura que cometieron irregularidades con los recursos públicos del Congreso local, exigió el presidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Pablos Lemus Navarro.

Ante la revelación de distintas irregularidades detectadas por la firma Russell Bedford tras revisar las cuentas de la LVIII Legislatura por encargo de los actuales diputados, el líder de la patronal dijo que la iniciativa privada ve necesarios tres pasos: “Necesitamos la presentación formal de esta auditoría para saber exactamente las anomalías de la Legislatura anterior, y una vez que se conozca qué fue lo que sucedió, se deben fincar responsabilidades a todos los diputados que cometieron excesos, que hoy ya conocemos en parte, pero necesitamos la auditoría para saber cuáles fueron” y que se “castiguen”.

El “tercer paso” que planteó es la necesidad de que los diputados actuales “hagan las modificaciones legales para que esto no vuelva a suceder”. En este sentido, insistió en que “la actual Legislatura tiene varias oportunidades de demostrarnos que alguien que comete abusos, como los que hemos visto que se depositaron en sus cuentas privadas los diputados, va a pagar por esos excesos”. Afirmó que las anomalías detectadas en la Legislatura pasada son “una vergüenza para Jalisco, para México y para la transparencia y rendición de cuentas en el país”.

Por separado, Manuel Herrera Vega, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), coincidió en que “requerimos que la auditoría finalmente termine y se presente a la luz pública, pero además, una vez teniendo los elementos, hay que seguir los cursos legales para que cada quien de cuenta del uso del dinero, tiene que haber responsabilidades, tienen que dar la cara y rendir cuentas a la ciudadanía de lo que salió ahí”, pues “es un mundo de dinero” el que aparentemente fue manejado con irregularidad.

Fuente: http://www.milenio.com/node/595040

Notas relacionadas

Presentan resultados de auditoría a la pasada Legislatura

Fueron presentados los resultados de la auditoría a la anterior Legislatura encargada al despacho Russell Bedford y Asociados en los ejercicios 2007, 2008, 2009 y los primeros meses de 2010. Sin embargo, los coordinadores parlamentarios dicen desconocer el resultado de la fiscalización, es el caso del representante del PRI, Roberto Marrufo Torres: “Van a llegar a la Auditoría Superior del Estado para que el determine las condiciones y haga las responsabilidades que correspondan, de ser posible”. Según la auditoría a la anterior Legislatura arroja diferencias cercanas a los 250 millones de pesos en contraste con las erogaciones no comprobadas.

Hallan irregularidades millonarias en pasada Legislatura de Jalisco.

Ayer se presentaron las anomalías detectadas en la auditoría de los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009 del Poder Legislativo. El representante del despacho Russell Bedford de Guadalajara, Jaime Peña Guerrero, explicó que entregaron al Congreso cuatro documentos en los que se emiten las observaciones de los tres años en mención y enero de 2010.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Enrique Aubry de Castro Palomino, instruyó al secretario general, José Manuel Correa Ceseña, a que la información se envíe a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). “Que se analicen estos datos y, en caso de considerarlo oportuno, se emprendan las acciones que correspondan”. Pero los coordinadores del PRD, Raúl Vargas, y del PAN, José María Martínez, reconocieron que difícilmente se podrán fincar cargos a los ex legisladores, pues se trata de cuentas públicas fiscalizadas por la propia ASEJ y aprobadas por el pleno del Congreso. En donde solicitarán que se cotejen los datos es en los desfases presupuestales 2009 y enero de 2010.

Algunas de las irregularidades detectadas consisten en que la pasada Legislatura no concretó en tiempo y forma el proceso de entrega-recepción. Dan cuenta de la falta de documentos y pólizas de egresos de enero de este año. Y llama la atención la observación número cuatro en enero de 2010, en la que la auditoría detectó una cuenta bancaria en el banco IXE que no está registrada en la contabilidad oficial del Congreso. En esta cuenta (CH3-0001499881-5), la auditoría refiere que existía un saldo al 1 de enero de 2010 por 17 millones 520 mil pesos, en la que se giraron cheques a 21 beneficiarios. Advierte que uno de ellos fue a nombre de Samuel Romero Valle, entonces coordinador perredista, por un millón 306 mil pesos. Pero la empresa realizó visitas domiciliarias a las razones sociales de los beneficiarios de los cheques y en algunos casos se trataban de casas habitación o despachos contables, no las empresas a las que se refieren los cheques emitidos en enero del año pasado.


Auditoría 2009

La auditoría revela que se aprobaron 676 millones de pesos para su ejercicio durante el año pasado, mientras que por concepto de formas valoradas el ingreso llegó a los 72 millones de pesos. En total, los diputados gastaron 759 millones de pesos.

En las asignaciones parlamentarias, se les otorgó en 2009 a Jorge Salinas 72 millones 405 mil pesos; a Juan Carlos Castellanos, 47 millones 209 mil pesos; a Samuel Romero, 19 millones 795 mil pesos; a Alfredo Zarate, 11 millones 362 mil pesos; a Luis Manuel Vélez, 11 millones 362 mil pesos; a Oscar Díaz, nueve millones 227 mil pesos; a Guadalupe Madera, cuatro millones 552 mil pesos, y a José García Flores, dos millones 555 mil pesos. A otras personas, cuyos nombres no aparecen, se les entregaron 189 millones 30 mil pesos.

Al ex presidente de la Comisión de Administración, Jorge Arana, se le detectó que cobró cheques por medio millón de pesos los días 13 y 30 de octubre de 2009, cuando no era titular de ésta.

Irregularidades como estas se detectaron en 2007 y 2008, y el monto oscila en los 400 millones de pesos; sin embargo, a la fecha, no se ha escuchado la postura de los ex diputados.


El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Enrique Aubry de Castro Palomino, Instruyó al Secretario General del Congreso del Estado, José Manuel Correa Ceseña a que de forma inmediata le envíe a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, dicha información para los efectos legales, inherentes, se analicen estos datos y en su caso y de considerarlo oportuno se emprendan las acciones que correspondan.


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