Aprueban ley de desaparición forzada 12/oct/17

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la minuta del Senado sobre la Ley de Desaparición de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Frente a organizaciones de personas desaparecidas, que siguieron minuto a minuto el debate con el grito: ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!, la minuta avalada en lo general por 396 votos y ninguno en contra, deroga también diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud y fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El dictamen indica que cuando se trate de menores de edad se iniciará una carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la búsqueda inmediata bajo los protocolos especializados en localización.

A quien incurra en el delito de desaparición forzada se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días de salario mínimo como multa. Estas sanciones aumentarán cuando durante o después de la desaparición la persona muera; cuando sea menor de edad, mujer, adulto mayor, persona con discapacidad, migrante o indígena; y cuando el motivo del secuestro sea por su género u orientación sexual.

Con esta ley se armonizan estos ordenamientos con la nueva legislación, principalmente, en lo concerniente a las sanciones por el delito de desaparición forzada y el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas. Se crean el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 

Asimismo, se establece la distribución de competencias y la coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno para combatir este delito, e incrementa las penas para quienes lo cometan.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa, resaltó la importancia de esa ley, ya que en México desde hace tiempo enfrenta un problema serio en materia de desapariciones. “Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas , se tiene constancia, en más de 30 mil personas desaparecidas".

Al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Armando Luna Canales llamó a los legisladores a voltear a la galerías en donde están los verdaderos autores de esta ley: familiares de desaparecidos y activistas. Admitió que cada artículo lleva un carga de dolor, pero también de esperanza y lamentó que otros partidos hayan querido politizar el tema.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), Lorena del Carmen Alfaro respaldó el dictamen y afirmó que no debe permitirse ni un desaparecido más en México.

En su turno, el diputado Juárez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que con esta ley se hace justicia a los muertos sin tumba, a las tumbas sin muertos, los que nunca regresaron, a los que levantó el crimen organizado y al corazón roto de cada madre que sufre la ausencia de sus hijos.

Por Encuentro Social, Ana Gadalupe Perea celebró que el Congreso en el ámbito de su competencia atienda esa problemática. “Se lo debemos a las víctimas, a sus familiares, se lo debemos a México y a sus generaciones por venir".

Al fijar la postura de Nueva Alianza, el diputado Carlos Gutiérrez sostuvo que con este dictamen responden a la obligación que tienen con la sociedad, pues mientras no podamos garantizar la seguridad integral de los ciudadanos, tenemos una deuda pendiente con ellos.

En su turno, la diputada María Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, dijo que el dictamen contiene avances que a muchos pudiera parecer insuficiente, pero que es de las pocas leyes que cuentan con el aval de familiares de las víctimas.

Por el Partido Verde, Lía Limón sostuvo que a más víctimas de este delito se les debe un esfuerzo conjunto de todas más autoridades por avanzar y que no haya más mujeres que por años siguen buscando a sus hijos.

Mientras que por Morena, la diputada Ernestina Godoy resaltó que la guerra iniciada por el PAN y Felipe Calderón ha dejado muerte y destrucción y resaltó que el dictamen es un paso adelante.

Jalisco es el tercer lugar del país donde más personas desaparecen y el quinto particularmente de mujeres adolescentes, advirtió la diputada federal, Candelaria Ochoa, al aprobarse este jueves en la Cámara Baja la Ley General de Desaparición Forzada: “Aunque las autoridades estatales no tienen registros actualizados, sin embargo en el 2015 reportaron mil 161 mujeres desaparecieron en Jalisco, la mayoría menores de 18 años. Jalisco es el quinto estado con mayor número de mujeres adolescentes desaparecidas con una cifra de 139”.

La ley prevé penas de hasta 60 años de cárcel para los servidores públicos que incurran en este delito y de 50 años para los particulares que priven de la libertad a alguien. 

El dictamen prevé crear una comisión nacional de búsqueda de personas que estará integrada por servidores públicos, quienes podrán auxiliase por expertos y cuerpos policiales especializados.

La ley también crea un registro nacional de desaparecidos que depurará el actual. El conteo que lleva el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sitúa en 33.482 las personas no localizadas en los 32 estados del país y ha recibido críticas por organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos que buscan a sus familiares por ser impreciso. 

Una de las peticiones más recurrente de las familias de los desaparecidos ha sido estar en el proceso de las investigaciones. La legislación aprobada señala que se les integrará a través de un sistema ciudadano que dará seguimiento a las acciones del sistema nacional de búsquedas. 

Una vez que entre en vigor la norma también se deberán crear fiscalías especializadas en el ámbito federal y en los Gobiernos locales para facilitar a los familiares los avances en la investigación y se deberán establecer programas de protección a las víctimas, sus familiares y toda persona involucrada en el proceso.

También se deberá crear un registro de fosas. Los familiares de los desaparecidos y sus representantes se les garantizará el acceso a las evidencias y pruebas relacionadas con la búsqueda de los suyos.  

Fuente: Notimex y Notisistema.