Un empresario dedicado la crianza de caballos de raza española y quien desarrollaba con la Universidad de Guadalajara un programa piloto para el desarrollo de equinos, fue privado de su libertad por un grupo que en principio se ostentó como de la Procuraduría General de la República -incluso hay quien confirmó a la familia que estaba en instalaciones oficiales en la Ciudad de México- y hoy, conforme pasan las horas, se cree que en realidad está en poder de un grupo de la delincuencia organizada, que en su huída quemó dos de las tres camionetas que usaba.
El caso ocurrió el pasado sábado 10 de febrero y conforme han pasado los días, ha tomado serias dimensiones. Incluso el caso ya llegó al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
De acuerdo a lo que se hace constar dentro de la carpeta de investigación D-I/16969/2018 de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, el grupo de hombres armados, todos encapuchados, se presentó a su rancho, localizado en el municipio de Ixtlahuacán, Jalisco, el sábado 10 de febrero, cuando el empresario Jorge Antonio Castillo Rodríguez, de 40 años de edad, se encontraba acompañado de su hijo de tres años y de más de diez trabajadores. Los sometieron a golpes y entonces se llevaron a Jorge Antonio Castillo Rodríguez en una de las tres camionetas en que el grupo armado llegó hasta ese sitio. Dijeron que era en cumplimiento de una orden de aprehensión que nunca mostraron los desconocidos.
Les dicen que está en oficinas de la PGR en CDMX Familiares sostienen que como los desconocidos se ostentaron como integrantes de la PGR, ese mismo día tuvieron comunicación con la dependencia y y les aseguraron que sí se encontraba detenido y a disposición de las oficinas de la PGR en la ciudad de México.
De inmediato se movilizaron y enterados de que él no tenía cuentas pendientes con la justicia, iniciaron la búsqueda tanto en oficinas de la delegación de la PGR en Jalisco como en la ciudad de México. La sorpresa fue mayor: Nunca pisó esas instalaciones.
Al menos no han encontrado indicios sobre que haya sido capturado por un grupo especial de dicha dependencia y que haya pisado esas instalaciones. Sus abogados acudieron a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) -donde les informaron que no estaba- y regresaron a la delegación Jalisco de la PGR para que confirmaran la información.
La familia, trabajadores y amigos, emprendieron movilizaciones y se manifestaron en las afueras de la PGR, colocando sus fotos en el ingreso y exigiendo que les sea entregado con vida.
Las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pero ahí se les notificó que no se encontraba, por lo cual regresaron ante las autoridades de la delegación de PGR en Jalisco y, sin embargo, ahí les informaron que en realidad un grupo armado de la delincuencia había entrado a la finca y se lo había llevado e ignoraban su paradero.
La PGR se ha declarado autoridad no competente para conocer del caso.
Ahora temen por su integridad física y por su vida.
Hasta ahora lo único que ha determinado el agente del Ministerio Público, Benjamín Hernández Rodríguez, es que se le brinde atención psicológica, jurídica, médica, siquiátrica y de trabajo social a las víctimas, pero los afectados dijeron que no se ha realizado peritaje alguno ni se ha recabado mayor información por parte de investigadores, por lo cual reclamaron que se actúe con celeridad para dar con el paradero de la víctima.
Encuentran dos camionetas quemadas.
Más tarde, familiares del empresario Jorge Antonio Castillo Rodríguez iniciaron la búsqueda en todo Jalisco del ganadero, lo cual les permitió localizar quemadas en el municipio de Cocula, dos de las tres camionetas utilizada en el secuestro del ganadero cuando estaba en su rancho en el municipio de Ixtlahuacán.
Sin que agentes de la PGR o de la Fiscalía General de Jalisco realicen investigación alguna, abogados de la familia informaron que la localización de las dos camionetas una Hummer y una Scalade, se produjo la noche del pasado sábado 17 de febrero en el municipio de Cocula, fueron quemadas intencionalmente para tratar de borrar indicios.
El hallazgo se produjo 48 horas después de que revelaran contar con las características de los vehículos en los que viajaban quienes se llevaron al ganadero dedicado a la crianza y desarrollo de caballos de raza española.
La familia del empresario decidió volver este lunes a las instalaciones de la delegación de la delegación en Jalisco de la PGR para exigir que las autoridades de esa dependencia intervengan en la búsqueda del empresario, ya que hasta el momento se ha iniciado una investigación para dar con el paradero de Castillo Rodríguez, quien cumplió nueve días de que desapareció a manos del grupo armado que se identificó como agentes de la PGR.
Por su parte, trabajadores del rancho del ganadero realizaron una manifestación frente a la sede de la delegación de PGR en Jalisco y posteriormente bloquearon la avenida 16 de Septiembre, exigiendo a funcionarios de esa dependencia presentar a la víctima, pues aseguraron que agentes de la Agencia Federal de Investigaciones fueron quienes presuntamente se lo llevaron de las instalaciones de su finca dedicada a la crianza de equinos.
Funcionarios de PGR se entrevistaron con la esposa y abogados de la víctima ante la presión de la protesta de trabajadores frente a la sede de la dependencia, pero insistieron en que el caso no es de su competencia y que debe ser la Fiscalía General de Jalisco la que inicie y realice las investigaciones del caso. Frente a ello, la esposa del empresario, de quien se omite el nombre por seguridad, le reprochó a los enviados del delegado de PGR en el entidad, Jaime Rodríguez Aguilar, su inacción para investigar la desaparición de su cónyuge y especialmente las contradicciones en que esa dependencia ha caído para explicar lo sucedido con la víctima.
La mujer le recriminó a los enviados del delegado de PGR su proceder contradictorio, pues en un inicio se le dijo en esas oficinas que su esposo había sido detenido por un grupo proveniente de la Ciudad de México y que deberían ir allá a buscarlo, pero tras acudir a México y recibir la información de que no se encontraba a disposición de ninguna autoridades en la capital del país.
Así y tras seis días de su desaparición, los familiares de la víctima dijeron que han recurrido ya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también acudieron a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, donde se les canalizó a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, donde iniciaron un escrito de queja y se abrió una carpeta de investigación, respectivamente. Sin embargo, hasta ahora la citada fiscalía no ha hecho peritaje alguno ni recabado más indicios sobre la desaparición de Castillo Rodríguez.
Fuente: El Occidetal / Víctor Chávez Ogazón y Manrique Gandaria
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