En Etzatlán extraen agua irregularmente 23/ene/20

Conagua favorece a empresas 

Para las grandes empresas, la gestión de concesiones de agua resulta un trámite sencillo, aún sin cumplir con los requisitos o con una revisión superficial de los mismos. Esto puede corroborarse en los expedientes que respaldan los permisos para extraer agua del subsuelo. 

En Jalisco, la mayor concentración en volumen de agua concesionado es de ITLC Agrícola Central que, de acuerdo con datos disponibles en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda), tiene 24 títulos de concesión en el estado y seis en Michoacán. En la entidad puede extraer 10 millones 930 mil metros cúbicos al año. 

ITLC Agrícola Central pertenece a Grupo Azucarero México, el cual se integra por Ingenio Tala, Ingenio Lázaro Cárdenas, Proveedora de Alimentos México y Empresas y Servicios Organizados. 

Grupo Azucarero México, a su vez, forma parte de Organización Cultiba, SAB de CV, “una empresa integrada de bebidas no alcohólicas con una participación relevante en México. A través de nuestras asociadas y subsidiarias operativas, respectivamente, producimos, vendemos y distribuimos en todo el territorio mexicano bebidas carbonatadas, garrafones de agua y también producimos y vendemos azúcar y productos relacionados. Nuestra asociada de bebidas es el embotellador exclusivo de las marcas PepsiCo en México”, de acuerdo con el perfil de la compañía publicado en la página de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Es una de las empresas más importantes del ramo en el país, con una producción anual de alrededor de 400 mil toneladas de azúcar –cuarto lugar nacional–, con una derrama económica de unos 3 mil 800 millones de pesos al año, según datos de la propia empresa. 

La Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 21 bis, señala que para solicitar un título de concesión se deben presentar los documentos que acrediten la propiedad o posesión del inmueble en el que se localizará la extracción de agua.  

Como parte de esta investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que participó NTR Guadalajara, se hicieron solicitudes de información sobre los expedientes de las empresas que tienen los mayores volúmenes de extracción de agua autorizados. 

En todos los expedientes de las concesiones de agua a nombre de ITLC en Jalisco se incluyen contratos de arrendamiento que la empresa ha celebrado con los dueños de las parcelas en donde ha construido sus pozos de extracción de agua y que se encuentran distribuidos en los municipios de San Juanito de Escobedo, Etzatlán, Tala, Magdalena, Guachinango, Villa Corona, Teuchitlán, Magdalena, Ameca y San Martín Hidalgo. 

RENTAR TIERRAS EN LUGAR DE SEMBRAR 

“¿Por qué rentan sus tierras?”, se le pregunta a Humberto Vázquez, quien vende al Ingenio de Tala –propiedad de ITLC– toda la caña que cosecha. Después de unos segundos de silencio justifica a quienes prefieren no sembrar. En su caso, la ganancia por hectárea es apenas de unos 50 mil pesos, “pero eso sin sacar cuentas de todos los gastos, porque si se los sumo, seguramente salgo casi tablas”.  

Para la renta de las tierras las empresas exigen firmar contratos de arrendamiento por 10 años. En el caso de los terrenos que se utilizan para la siembra de caña les pagan desde 15 mil pesos anuales por hectárea. Ese monto representa poco más de una tercera parte del salario mínimo anual vigente en este año, que es superior a los 44 mil 900 pesos. “Pero si tienes varias hectáreas, recibes el dinero todo junto, sin los riesgos de un mal año en el que le pierdes a la caña”, afirma el campesino. 

Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, explica que “los cultivos básicos sin tecnificación son poco rentables para la gente, entonces dan (sus tierras) en arrendamiento a terceras personas”. 

Los campesinos que tienen tierras, pero que no cuentan con títulos de concesión de agua, están en desventaja ante las empresas, sobre todo si desean obtener una concesión porque, de entrada, los trámites son complicados “y hay muchos intermediarios… gestores que tienen quién les arregle rápido adentro (en la Comisión Nacional del Agua)”, afirma Francisco Quintero, de la Fundación Selva Negra. 

Aquellos campesinos que sí cuentan con títulos de agua también terminan haciendo lo que la Ley de Aguas Nacionales llama una “transmisión total de derechos”, que en términos prácticos es la venta de la concesión o una “transmisión parcial”, que es vender parte del volumen de agua autorizado y que, aparentemente, no utilizan. 

NO CUMPLEN, PERO OBTIENEN EL LÍQUIDO 

La Ley de Aguas Nacionales señala también que para obtener un título de concesión de agua es necesario cumplir con varios requisitos, entre ellos presentar la documentación técnica que “soporte la solicitud en términos del volumen de consumo requerido”. 

En los expedientes de los títulos de concesión que la Conagua ha otorgado a ITLC Agrícola Central en Michoacán sí es posible encontrar documentos técnicos, pero en las concesiones otorgadas a la misma empresa en Jalisco sólo se encuentran estos estudios en uno de los expedientes. 

La empresa ITLC realizó los trámites en Jalisco en el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y casi todos los títulos fueron autorizados por Raúl Antonio Iglesias Benítez y María Oyuka Romero Echavarría. 

Además, en algunos casos hay observaciones por la falta de documentos que acrediten el derecho sobre la tierra de quienes se los rentan; sin embargo, no se subsana la falta y se autoriza la perforación. 

Otro detalle que llama la atención en los expedientes de concesiones es la facilidad para pedir cambios de uso o prórrogas por hasta una década. 

Naturesweet Invernadero, por ejemplo, tiene al menos 11 concesiones de agua en Jalisco que le permiten extraer del subsuelo 9 millones 297 mil 317 metros cúbicos al año. 

Esta empresa se dedica, principalmente, a la producción de jitomates. Fue creada el 31 de julio de 2002 como Desert Glory México, S de RL de CV. En la misma fecha se creó la empresa Desert Glory Inmobiliaria. 

Ambas empresas cambiaron su razón social en agosto de 2011a Naturesweet Invernaderos e Inmobiliaria, respectivamente. 

En los expedientes de las concesiones de Naturesweet en Jalisco sólo aparecen los documentos correspondientes a un trámite administrativo de cambio de razón social, en los que la empresa hace la solicitud y adjunta el acta de la modificación. La empresa aprovecha para incorporar en ese mismo trámite prórrogas de hasta 10 años, cambios de uso del agua, de agrícola a diferentes usos y hasta incremento en los volúmenes de extracción. Para estos últimos permisos no entrega documento alguno. Aun así, la Conagua autoriza todas las solicitudes. 

Otro ejemplo de cambios de uso en las concesiones, sin contar con estudios que sustenten la modificación, es el de la empresa Nutrilite, creada en Zapotlán el Grande. 

En el expediente 08JAL101413/16IMOC09 se señala que en abril de 2009 su concesión en la cuenca del río Armería era por 648 mil 169 metros cúbicos anuales de agua subterránea para uso agrícola. Pidió la modificación para que una parte, 22 mil metros cúbicos, pudiera tener un uso industrial. Por este trámite, que le autorizaron sin problema, sólo pagó mil 404 pesos. 

La falta de transparencia sobre cómo se dan estas autorizaciones abre la puerta a “la corrupción del agua”, considera el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Antonio Gómez Reyna, quien forma parte del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. 

El sistema actual de concesiones de agua, resalta Gómez Reyna, fomenta la existencia de “mexicanos de primera y de segunda, quién tiene derecho al agua y quién no tiene derecho al agua”. 

Pagos mínimos 

En marzo de 2019, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) realizó una investigación sobre quiénes acaparan el agua en la Región Hidrológica 12, de la que forma parte Jalisco. 

María González Valencia, coordinadora del estudio, explicó que seleccionaron esta región porque, en junio de 2018, fue una de las afectadas con el levantamiento de vedas de agua que realizó el ex presidente Enrique Peña Nieto. 

Además, es una zona que “aglutina los conflictos socioambientales del agua más urgentes de Jalisco, relacionados con el lago de Chapala, el río Verde, el lago de Cajititlán, el río Santiago y las subcuencas y cuencas de la Zona Metropolitana de Guadalajara”. 

El equipo de Imdec encontró que los principales acaparadores del agua en Jalisco son cerveceras, embotelladoras, inmobiliarias, empresas de agroexportación y fraccionamientos residenciales “con concesiones otorgadas por 10 y hasta 50 años”. También aparecen empresas químicas ubicadas sobre todo en la cuenca del río Santiago, “que es el río más contaminado de México”. 

Imdec, además, realizó solicitudes de información a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre los pagos por los derechos de agua que han realizado estas empresas. 

Entre esos datos, resalta el fraccionamiento Condominio Santa Anita, que tiene un club de golf, y de acuerdo con los datos entregados por Conagua, en el periodo de abril de 2018 a marzo de 2019, solo pagó 442 mil pesos por los derechos de agua para una concesión que le autorizó aprovechar un millón 859 mil 816 metros cúbicos de agua al año. 

Mexichen Derivados, SA de CV, empresa de productos químicos y petroquímicos, no tiene registrado ningún pago durante ese periodo, pese a que tiene una concesión que le autoriza extraer hasta un millón 942 mil 970 metros cúbicos de agua para uso industrial. 

FRASE: 

“(El sistema actual de concesiones de agua fomenta la existencia de) mexicanos de primera y de segunda, quién tiene derecho al agua y quién no tiene derecho al agua”: Antonio Gómez Reyna, Académico de la UdeG

Fuente: NTR Guadalajara / Sonia Serrano Íñiguez