Opinión de Raúl Curiel / publicado en el periódico El Universal.
Le cuento que por la tarde de este jueves 9 de julio, las puertas de Tequila Herradura, que forma parte de la firma de bebidas internacional Brown-Forman, estuvieron a punto de ser clausuradas por personal del Ayuntamiento de Amatitán, Jalisco.
El motivo: las constantes quejas de la población que habita en las inmediaciones de la Hacienda del Refugio, la cual asegura que la empresa descarga sus vinazas a una barranca donde corre un arroyo y donde se diluyen dichos residuos.
Por ese motivo, desde muy temprano se registró una intensa movilización dentro y fuera de la fábrica, y según versiones de los empleados, personal del Ayuntamiento acudió a verificar las descargas de vinaza.
Pero, también de acuerdo con versiones del personal de la empresa, se les intentó negar la entrada a los verificadores por no tener correcto el nombre de la empresa en las actas.
Fue por ello que no se pudieron colocar los sellos en la hacienda, misma que recibe a los turistas que llegan en el tren del Herradura Express.
Sé de buena fuente que es la primera vez que un Ayuntamiento actúa de esta manera en el municipio. Pero la pregunta es ¿qué son las vinazas? Son aguas residuales producto de la destilación del tequila, las cuales tienen un alto contenido de materia orgánica, con una demanda química de oxígeno (DQO) superior a 38 215 mg/L y sólidos totales (ST) superiores a 21 883 mg/L, y que además poseen PH bajo, de 3.5–3.9. Es decir, son muy ácidas y atentan contra los lixiviados fluviales de la región.
En mi visita de paso a ese municipio tequilero me enteré además que personal de Brown-Forman argumenta que sus vinazas son tratadas al interior de la planta; sin embargo, en tiempo de lluvias los habitantes se quejan de que las tiran a cielo abierto, pues con la lluvia se diluyen, es decir que siguen afectando los mantos freáticos.
El pasado 15 de junio, Brown-Forman anunció que a partir de agosto Jim Perry, vicepresidente senior y director gerente para la región de América Latina, sustituirá a Jim O'Malley como vicepresidente senior y director de asuntos públicos globales, por lo que le tocará atender este asunto ecológico. Tome nota.
AGUA Y TEQUILA.
En otra nota del 19 de septiembre de 2019, el diario El Occidental señala la clausura parcial por parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) de una empresa tequilera ubicada en el municipio de Amatitán, aunque en la nota no dan el nombre de la empresa. En la zona de Amatitán existen varias destiladoras de tequila.
Varias cosas llaman la atención de estas notas. La primera es que el Tequila Herradura ya no es de mexicanos. La segunda es que muchas empresas vienen a hacer en México lo que en su país de origen no harían, no por bondadosos, sino porque la ley es coercitiva. La tercera es que la mayoría de las empresas tequileras no cuentan con plantas de tratamiento de agua para procesar las vinazas.
Para producir un litro de tequila se contaminan gravemente 10 litros de agua.
En México la producción tequilera es de más de 200 millones de litros anuales, lo cual se traduce en dos mil millones de litros de agua altamente contaminada.
Cuatro grandes empresas producen el 80% del tequila del país. Detrás de los preciosos e inmensos sembradíos del paisaje agavero, hay una historia que poco se menciona, y es la grave contaminación que genera el proceso de producción. La naturaleza requiere de una enorme cantidad de oxígeno para biodegradar los residuos de fibras, celulosa, azúcares y levaduras y esa demanda aniquila la vida de los afluentes de agua en donde descargan. Podrían ser muy nutritivos para el suelo si se manejaran bien, pero son muy dañinos si se tiran directo al agua.
En un comunicado de 2009, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera señaló que no apoyan estas prácticas y confiesa que es difícil saber porqué no tratan el agua sus agremiados. ¿De verdad es difícil para la cámara entenderlo?
No la tratan porque en México se pueden cometer delitos ambientales con un gran margen de impunidad y se pueden trasladar los costos ambientales a la sociedad.
Es tan complicado el marco jurídico de la gestión de agua y están tan fracturadas las atribuciones entre la federación, los gobiernos estatales y los municipios, que las leyes y reglamentos acaban por no aplicarse.
Los ayuntamientos suelen ser el eslabón más frágil en esta cadena de omisiones, y por debilidad administrativa y técnica, muchas veces expiden licencias de funcionamiento sin exigirles a las empresas el cumplimiento de las NOM-01 en materia de agua.
Además sus órganos municipales de inspección y vigilancia son débiles o inexistentes.
Por otro lado, el debilitamiento progresivo del sector ambiental federal abre aún más la cancha para la impunidad.
En Amatitán, un municipio pequeño de cerca de 17 mil habitantes, el peso y poder de una empresa tan grande puede ser avasallador.
Los municipio no tienen porqué tratar las aguas que generan las industrias. El artículo 115 Constitucional solo les da la atribución de tratar el agua domiciliaria, nada más.
Fuente: Milenio / Verónica Mastretta.
(Foto: Diana Román)
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