El Máximo Tribunal del país, la Sedatu, la Procuraduría Agraria y el RAN formalizan histórico convenio para lograr una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita en el sector.
Con el compromiso de impulsar la defensa de la propiedad social, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la protección del territorio y del medio ambiente, así como el acceso efectivo a una justicia agraria pronta, completa, imparcial y gratuita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) formalizaron, por primera vez en la historia, un convenio de colaboración bajo el eje temático: “Alianza para la defensa de la propiedad social de la tierra y el territorio”.
Este acuerdo, encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, busca fortalecer la vinculación interinstitucional orientada a defender el territorio, coordinar esfuerzos, compartir información pública y promover mecanismos de atención, capacitación, acompañamiento y fortalecimiento, en el ámbito de sus respectivas competencias, con un enfoque prioritario en derechos humanos, ambiental, social, de pluralismo jurídico, interculturalidad y perspectiva de género.
El ministro presidente Aguilar Ortiz afirmó que en el ámbito agrario es donde más justicia se requiere porque hay conflictos y situaciones jurídicas que han pasado por todo el proceso jurisdiccional, logran una sentencia, pero ese fallo nada resuelve, el conflicto sigue. El tema de la tierra implica una disputa que puede llegar a décadas. “Podría decir así que la justicia se ha declarado derrotada […] la justicia agraria rebasa el expediente, rebasa lo que uno puede hacer en el ámbito de la estricta administración de justicia. Se requiere justicia humana, justicia ambiental, justicia territorial y se vuelve multidisciplinario y requiere la conjunción de esfuerzos”.
Acompañado de Griselda Martínez Vázquez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad de la Sedatu; el Procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera; y el director en jefe del RAN, Luis Cruz Nieva; así como de ministras y ministros, legisladores y representantes de personas ejidatarias o comuneras, el ministro presidente reiteró su postura de que esta Corte impulse un Plan Nacional de Justicia, pero consideró necesaria la participación de diversos sectores de la sociedad para lograrlo y no solo dejarlo en el ámbito de las personas juzgadoras.
Al participar como testigo de honor, la ministra Lenia Batres Guadarrama consideró que la justicia agraria es un imperativo vigente. “Las presiones se articulan contra la propiedad social, hacen de cualquier colaboración interinstitucional un objetivo muy importante; los más de 5 millones de sujetos agrarios […] requieren un aparato de justicia robusto, accesible, eficaz y sobre todo articulado”.
A su vez, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra resaltó la importancia de este convenio, ya que la protección de los derechos agrarios implica certeza jurídica. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad de interpretar el artículo 27 a la luz de su origen social, fortaleciendo la protección de comunidades agrarias e indígenas […] La alianza que hoy se suscribe, cobra un sentido más profundo, no solo es un instrumento institucional, sino una continuidad histórica del constitucionalismo social mexicano”.
En su oportunidad, Griselda Martínez Vázquez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad de la Sedatu –en representación de la secretaria Edna Elena Vega Rangel— reconoció el esfuerzo interinstitucional que logrará modernizar, agilizar y humanizar la justicia agraria en México. “Tengan la certeza de que el sector agrario asume este convenio con la mayor responsabilidad institucional y con un compromiso pleno con el humanismo mexicano”.
Por su parte, Luis Cruz Nieva, director en jefe del RAN, dijo que para el sector agrario, este convenio implica una responsabilidad aún mayor porque se debe asegurar que la justicia sea sensible a las realidades sociales, que sea culturalmente pertinente y que llegue a quienes históricamente han enfrentado mayores barreras. “Este convenio pone las bases para la articulación entre la función jurisdiccional constitucional y la función administrativa registrada, permitiendo que los criterios jurisprudenciales, los estándares de derechos humanos y los principios de interculturalidad incidan, de manera sistemática, en los procesos de calificación, inscripción y certificación de la propiedad social […] representa algo aún más profundo: la convicción de que ninguna persona debe quedar al margen de la justicia”.
Víctor Suárez Carrera, Procurador Agrario, destacó que la firma de la alianza entre la Suprema Corte y el sector agrario representa una convicción compartida para defender la propiedad social de la tierra y el territorio, base de los derechos colectivos, la soberanía alimentaria y la paz en el país. Subrayó que en México existen 32 mil 500 ejidos y comunidades agrarias que ocupan cerca de la mitad del territorio nacional, donde 5.5 millones de personas son titulares de derechos agrarios, por lo que su protección implica también preservar los modos de vida campesinos y el patrimonio biocultural de la Nación.
Irma Graciela Monroy Uribe, expresidenta del Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario Aquiles Serdán (Hidalgo) señaló los beneficios del presente convenio: directos en la seguridad jurídica, agilidad de trámites, protección de derechos de los integrantes de los núcleos agrarios, ejidatarios, comuneros, pueblos y comunidades indígenas, reconociéndoles como sujetos de derecho público.
Finalmente, Jesús Valente Esteva González, presidente de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa, Oaxaca, expresó su confianza a las y los ministros de la Corte y a las autoridades agrarias. “Tienen la tarea de defendernos de las injusticias, y la actual Suprema Corte tiene bajo su poder resolver las controversias históricas sobre la propiedad y posesión de las tierras y territorios que heredamos de nuestros antepasados. Estos esfuerzos representan una oportunidad para garantizar nuestros derechos basados en el diálogo y la conciliación”.
Esta alianza permitirá coordinar esfuerzos para crear espacios de diálogo, intercambio de experiencias, criterios jurisprudenciales y buenas prácticas, desarrollo de acciones de capacitación y profesionalización.
