Mientras el Gobierno de Jalisco reclama a la Federación la
entrega de 232 millones de pesos pendientes del Programa de Devolución de Derechos, Municipios del Estado mantienen adeudos con la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) y con el SIAPA, una situación que presiona las finanzas locales y
limita la inversión en infraestructura.
La operación del sistema hídrico no depende solo de la inversión
pública. Los Municipios también deben cumplir con el pago por el uso de aguas
nacionales y por los servicios de agua potable y saneamiento, recursos clave
para mantener y ampliar la infraestructura.
Municipios adeudan a la
Conagua por los derechos de uso del agua
La operación en materia hídrica no termina con las
inversiones de cada Municipio ni con las legislaciones locales. Para que el
manejo del agua se lleve a cabo de manera efectiva, los municipios deben
desarrollar proyectos de acuerdo con el alcance de sus funciones. Aunque
algunos de ellos se ejecutan con recursos municipales, otros requieren
inversiones del estado e, incluso, de la federación.
El pasado 20 de julio, el Gobierno de Jalisco y distintos
municipios dieron a conocer el adeudo de 232 millones de pesos por parte de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), correspondiente al Programa de Devolución
de Derechos (PRODER), mediante el cual el organismo federal devuelve a los Municipios los recursos recaudados por el uso o aprovechamiento de aguas
nacionales. Estos recursos se destinan exclusivamente a mejorar la
infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, bajo esquemas de coparticipación con las alcaldías.
Sin embargo, no todos los adeudos corresponden a la federación,
ya que también existen Municipios que mantienen pasivos con la propia Conagua
por concepto de derechos de uso o aprovechamiento de aguas nacionales y
descargas de aguas residuales. Estas contribuciones económicas, o pagos de
derechos, están establecidas en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la Ley
Federal de Derechos, que regulan las obligaciones de los usuarios ante la Federación
por explotar bienes del dominio público y verter aguas residuales en cuerpos
receptores.
De acuerdo con las cifras más recientes disponibles de la
Conagua, al menos 14 Municipios de Jalisco mantenían un adeudo total de 23
millones 312 mil 807.70 pesos por concepto de derechos de uso o aprovechamiento
de aguas nacionales y descargas de aguas residuales, correspondiente al periodo
de 2020 a 2024, el cual permanecía sin saldarse hasta septiembre de 2025. Se
trata de Ahualulco de Mercado, Cuquío, Degollado, Jalostotitlán, Jocotepec,
Juanacatlán, La Manzanilla de la Paz, Ojuelos, Tala, Tecolotlán, Tizapán,
Tonalá, Valle de Juárez y Zapotiltic.
Los
mayores pasivos corresponden a Tala, con 6.78 millones de pesos; Juanacatlán,
con 4.92 millones, y Jocotepec, con 2.87 millones. También figuran Jalostotitlán,
Tecolotlán, Ahualulco de Mercado, Tizapán, Ojuelos, Zapotiltic, Tonalá, Valle
de Juárez, Degollado, Cuquío y La Manzanilla de la Paz.
(Hasta este miércoles los Ayuntamientos de Ahualulco de
Mercado y de Tala no se han pronunciado sobre la deuda)
Soporte financiero al sistema hídricoícolas.
Financiamiento. El sistema hídrico se sostiene con dos
fuentes principales: los derechos federales que recauda la Conagua y las
tarifas que cobran organismos operadores como el SIAPA por los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Cobros. La Conagua cobra a concesionarios y
permisionarios por el uso de aguas nacionales y otros aprovechamientos; el
SIAPA factura a los usuarios según el tipo de inmueble, consumo y servicios
recibidos, con tarifas aprobadas por el Congreso de Jalisco.
Incumplimiento.
La falta de pago
de derechos o tarifas puede generar créditos fiscales, recargos, sanciones y
procedimientos de cobro conforme a la legislación federal y estatal.
Impacto. Los recursos obtenidos permiten
financiar la operación diaria del sistema hídrico, el mantenimiento de redes y
plantas, la modernización de infraestructura y el acceso a programas federales.
El Estado reclama recursos federales
Los recursos federales pendientes de entrega a Jalisco
por el Programa de Devolución de Derechos (PRODER) y el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) superan los seis mil 636
millones de pesos.
Del total, 235.6 millones corresponden al PRODER y seis
mil 400.6 millones al FAISMUN. Este último contempla recursos aprobados para
los cuatro trimestres de 2024 y los tres últimos de 2025. Para 2026 se
proyectan dos mil 154 millones de pesos, ligeramente por encima del año anterior.
El Gobierno de Jalisco y alcaldes de distintos partidos
advirtieron que la falta de estos recursos ha generado presiones financieras en
municipios y organismos operadores de agua, afectando obras de infraestructura
y servicios.
El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora,
señaló que el adeudo del PRODER incluye recursos para municipios, la Comisión
Estatal del Agua y el SIAPA. Los alcaldes solicitaron a la Federación liberar
los recursos pendientes y revisar los efectos de la reforma al FAISMUN para
garantizar la continuidad de obras y servicios públicos.
¿Qué es el FAIS?
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS, también conocido como FAISMUN) es un presupuesto federal destinado a los
municipios para reducir rezagos estructurales, mediante el financiamiento de
obras básicas como agua potable, drenaje, electrificación o de salud.
Los recursos son asignados a los municipios que la
federación considera tienen mayores carencias, estableciendo un monto fijo para
cada uno que se considera en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los
gobiernos municipales son los que deciden qué obras ejecutar con tales
recursos, siempre y cuando cumplan con los ejes contemplados en la
reglamentación.
Sin embargo, a partir del 2025 la Federación puso en
marcha el FAISPIAM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas), un componente del FAIS que
establece la asignación, por ley, de al menos el 10% del presupuesto del Fondo,
manera directa y sin intermediarios, a las comunidades indígenas y
afromexicanas.
Como la bolsa total de dinero es fija, esta reforma
implica una reducción proporcional en los recursos disponibles que los
municipios solían recibir, siendo este porcentaje el que han solicitado a la
federación les sea restituido.
¿Qué es el PRODER?
El Programa de Devolución de Derechos (PRODER), por su
parte, es un mecanismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) diseñado para
que el dinero que los municipios pagan por explotar el agua regrese a ellos
como presupuesto para obras en materia hídrica.
A diferencia del FAIS, que se distribuye de forma
“automática”, según el nivel de las necesidades de los municipios, el PRODER
opera bajo un mecanismo de “reembolso”. Los organismos municipales de agua
pagan un derecho federal a la Federación por cada litro de agua nacional que
extraen, pero con el PRODER, el gobierno federal les devuelve ese mismo dinero
siempre y cuando el municipio demuestre que lo va a reinvertir en el propio
sistema hidráulico local.
El dinero devuelto se etiqueta exclusivamente para
proyectos que mejoren el servicio de agua, como construcción o ampliación de
redes de agua potable y alcantarillado, saneamiento, plantas de tratamiento de
aguas residuales, reparación de fugas o la modernización de equipos de bombeo.
Sin embargo, para ello se añade un requisito adicional:
la Federación regresa hasta el 50% del valor total de la obra, pero obliga al
municipio a pagar el otro 50% restante, en un modelo de coparticipación.
Y es en este sentido en el que los municipios
denunciantes afirman que ya han invertido la mitad de los recursos requeridos
por el PRODER, o incluso, han pagado toda la obra, y requieren que se les
entregue el dinero que, señalan, les corresponde para este 2026, o en su caso,
se les devuelva a quienes pagaron el 100 de la obra ejecutada bajo el mecanismo
del PRODER.
Fuente: El Informador
