El presente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria representa
para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la suma de acciones conjuntas, de
vinculación interinstitucional y de un trabajo colaborativo que, en cumplimiento al
mandato establecido en nuestra Ley, ha dado seguimiento a las funciones realizadas por parte
de las autoridades penitenciarias del país, para incidir en el mejoramiento de las
condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad abordando temas que, en
algunos casos, siguen siendo motivo de preocupación por la persistencia de áreas de
oportunidad identificadas en diagnósticos anteriores.
Para este Organismo ha sido fundamental velar por la protección y
garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de sus hijas e hijos
que viven con sus madres en prisión, de sus visitas y del personal que labora en los
centros, a través de una actuación dotada de perspectiva de género y de enfoques especializados,
diferenciales e interseccionales en cada visita de supervisión a los centros
penitenciarios a lo largo del país.
A través de este instrumento de diagnóstico, nuestra misión ha
trascendido, logrando que dejará de ser visto como un documento meramente evaluador y
cuantitativo, para constituirse como una herramienta de análisis cualitativo que ha
permitido a los sistemas penitenciarios estatales, federal y a prisiones militares reconocer las
áreas de oportunidad que imperan en sus centros, observándose en algunos casos, importantes
avances significativos en favor de las personas en situación de reclusión.
El Centro Integral de Justicia Regional Valles - Ameca tuvo una
calificación de 7.03
La capacidad es de 84 personas. Actualmente hay 33 hombres y 2 mujeres.
Se aclara que el análisis de los resultados obtenidos a
través de este Diagnóstico debe guiarse considerando los centros específicos visitados
durante este año y sus evaluaciones individuales, es decir, basándose en las estimaciones por
centro y no en los resultados a nivel estatal. Esto se debe a que, para la elaboración de
este instrumento, como se ha mencionado, no se visitaron todos los centros penitenciarios
de cada entidad; en su lugar, se seleccionó una muestra de aquellos centros que recibieron
las calificaciones más bajas en 2022. Por ello, el promedio obtenido a nivel estatal
puede considerarse parcial en comparación con los diagnósticos anteriores, en los cuales
se visitó la totalidad de los centros por lo que se recomienda, por lo tanto, observar y
referenciar los datos obtenidos por centro y no por tendencia estatal.
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR ATENCIÓN
EN LOS SIGUIENTES TEMAS*:
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD
• Deficiente separación entre hombres y mujeres.
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de
probables violaciones a los derechos humanos.
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA
• Deficientes condiciones materiales e higiene de
instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias
para el funcionamiento del centro.
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico.
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de
capacitación.
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS
• Insuficiencia en los programas para la prevención de
adicciones y desintoxicación voluntaria.
