La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026 contra la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por irregularidades en la investigación realizada en el inmueble conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán.
El organismo concluyó que ambas instituciones omitieron el procesamiento técnico adecuado de evidencias y no preservaron correctamente el lugar de los hechos, lo que derivó en violaciones a los derechos humanos a la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.
¿Qué señala la Recomendación CNDH sobre el Rancho Izaguirre?
Entre las irregularidades detectadas se encuentran:
Falta de identificación y documentación de evidencias.
Omisiones en el levantamiento, embalaje y etiquetado de indicios.
Deficiencias en el registro de la cadena de custodia.
Falta de resguardo adecuado del sitio asegurado.
Estas fallas, señala la recomendación, comprometieron la preservación del lugar y la eficacia de la investigación.
¿Qué se encontró en el Rancho Izaguirre?
La investigación se relaciona con hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 10 personas y pusieron el inmueble a disposición de la Fiscalía estatal.
Durante el aseguramiento del lugar se reportó la presencia de:
Siete vehículos automotores
Armas de fuego
Indicios balísticos
Diversos objetos de interés criminalístico
Un elemento óseo
Posteriormente, el 3 de octubre de 2024, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó una búsqueda en el predio para localizar posibles sitios de inhumación relacionados con personas desaparecidas.
En esa diligencia se identificó un lote óseo y varios objetos, pero la CNDH detectó que no fueron asegurados ni registrados correctamente en los dictámenes periciales.
Omisiones en la cadena de custodia y pérdida de evidencias
Uno de los puntos centrales de la Recomendación CNDH Rancho Izaguirre es la falta de control sobre las evidencias.
El organismo señaló que no existen registros que acrediten el aseguramiento de varias prendas y otros indicios, lo que permite presumir omisiones en la actuación de la Policía de Investigación y del personal pericial.
Además, en el caso de los siete vehículos localizados en el inmueble, no se encontraron dictámenes periciales que confirmaran que fueron sometidos a un procesamiento técnico completo.
Incluso, tres de esos vehículos fueron sustraídos el 25 de noviembre de 2024, lo que evidencia fallas en el aseguramiento del lugar.
Retrasos en análisis genéticos de evidencias
La CNDH también documentó retrasos en el procesamiento de muestras biológicas encontradas en el inmueble.
Aunque las muestras fueron recolectadas el 20 de septiembre de 2024, el dictamen de genética fue emitido hasta el 19 de marzo de 2025.
Además, la comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas se realizó hasta ese mismo mes, lo que el organismo consideró un retraso injustificado.
Alteración del lugar de los hechos
Otra irregularidad señalada en la Recomendación CNDH Rancho Izaguirre ocurrió el 20 de marzo de 2025, cuando se permitió el ingreso de varias personas al inmueble.
Aunque el acceso se pretendía controlar, el número de participantes provocó la pérdida del control del área, lo que derivó en la alteración del lugar y de posibles evidencias.
La CNDH concluyó que esta situación evidenció deficiencias en la preservación del sitio y en la conducción de las diligencias ministeriales.
Evidencias publicadas sin garantizar cadena de custodia
El organismo también detectó que 1,842 indicios recabados en el lugar fueron publicados en la página oficial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, acompañados de registros fotográficos.
Sin embargo, la Comisión determinó que no se garantizó adecuadamente la cadena de custodia de esos elementos, lo que constituye otra irregularidad en la investigación.
¿Qué ordena la recomendación CNDH Rancho Izaguirre?
Tras documentar las irregularidades, la CNDH solicitó a ambas instituciones cumplir con diversas medidas.
Entre ellas:
Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa por las violaciones a derechos humanos.
Elaborar o actualizar protocolos para preservar adecuadamente lugares de intervención y evidencias.
Fortalecer los procedimientos de cadena de custodia y análisis pericial.
Además, la Fiscalía de Jalisco deberá colaborar en procedimientos administrativos contra funcionarios señalados y desarrollar programas de capacitación en derechos humanos e investigación criminal.
Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tendrá que participar en los procesos administrativos y reforzar la formación especializada de su personal.
La Recomendación 11/2026 de la CNDH sobre el Rancho Izaguirre ya fue notificada a las autoridades involucradas y puede consultarse en el portal oficial del organismo.
