Aunque la auditoría a la pasada Legislatura, la LVIII, se pagó con recursos públicos y los coordinadores parlamentarios de la actual se habían comprometido a dar a conocer los resultados, aún no la han hecho pública pese a que desde hace más de seis semanas la tienen en su poder. Diputados consultados al respecto indicaron que se encontraron inconsistencias por cerca de 250 millones de pesos e irregularidades que suman 107 millones de pesos.
Seis diputados de tres diferentes partidos —Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM)—, entre ellos dos coordinadores parlamentarios, confirmaron a Público la existencia y resultados de la auditoría, aunque oficialmente se dice que el estudio contable todavía está en curso y no ha sido terminado. Los legisladores consultados por este diario se negaron a que se dieran a conocer sus nombres debido a la gravedad de la información que se está manejando, pues confirmaría que hubo cuantiosas irregularidades en la Legislatura LVIII —2007-2010—.
Entre las anomalías más importantes reveladas por los legisladores entrevistados, está la aparición de cuentas bancarias particulares, en las que se hicieron depósitos millonarios, sin justificación.
Algunas de estas anomalías podrían ser parte de la distribución que se hizo de la partida de apoyo a fracciones parlamentarias, conocida antes como partida 8000, cuyo destino los diputados no estaban obligados a justificar.
Algunos señalamientos particulares son el depósito mensual de más de medio millón de pesos al ex coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Salinas Osornio; cheques emitidos a nombre de la esposa, la hija y la mamá del ex coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Samuel Romero Valle; la creación de una cuenta bancaria en IXE con 30 millones de pesos, en noviembre de 2009, que posteriormente desapareció sin que haya rastro de ese dinero; disposición de recursos por parte de quien fuera secretario general interino, Octavio Pérez Pozos, así como otras anomalías, según precisaron los legisladores de los tres partidos mencionados.
Entre los señalamientos que hace la empresa que realizó la auditoría, está el que se encontraron “cuentas privadas de varios bancos, donde se depositaron recursos del Congreso, de los cuales no puede emitirse comentario alguno por carecer de la información necesaria”.
Además, hay observaciones por la falta de información de los montos exactos de ingresos por concepto de formas valoradas en los ejercicios 2007, 2008 y 2009; falta de antecedentes de cheques emitidos con los que se realizaron pagos a proveedores que no están en el padrón; no hay actas de las sesiones de la Comisión de Administración “donde se autorizaban compras que se encuentran relacionadas con los gastos ejercidos en los años 2007, 2008 y 2009”, y la falta de pólizas relacionadas con los gastos ejercidos, lo que impidió analizar las cuentas de activos y pasivos.
En la auditoría se recomienda al Congreso la actualización de su organigrama con todas las plazas y puestos autorizados; una comparación de la nómina actual con la anterior, para detectar las variaciones anormales y que el Poder Legislativo haga un cálculo anual de sus empleados, “para evitar contingencias fiscales”. Además, se plantea la necesidad de actualizar el Manual de Organización.
De acuerdo a lo informado por dos líderes parlamentarios actuales, cuando recibieron los resultados de las auditorías a la Legislatura LVIII se encontraron con irregularidades que afectan a los seis partidos políticos que tenían representación en el Poder Legislativo, por lo que decidieron no darla a conocer. La información se remitió a las dirigencias de los partidos políticos, para que ahí se determinaran acciones.
El 29 de octubre pasado, en una reunión celebrada en Puerto Vallarta, por primera vez el coordinador de los diputados del PRI, Roberto Marrufo Torres, dio a conocer algunos detalles de la auditoría a sus diputados, aunque fue una presentación de Power Point con señalamientos generales, revelaron a Público tres de los diputados asistentes. El 3 de noviembre, en una nueva reunión de la bancada, sólo que en la sede estatal del PRI, se volvió a abordar el tema, con la asistencia del líder estatal del tricolor Rafael González Pimienta. Ahí, algunos diputados priistas reclamaron que no se diera a conocer la información y, sobre todo, que ni a ellos se les entregaran los resultados de la auditoría.
Entrevistado al respecto, Marrufo Torres negó que la auditoría haya terminado y aseguró que esa es la razón por la que no se ha dado a conocer: “Estamos valorando todo, faltan algunos elementos todavía”. Sin embargo, admitió que dio a conocer a los diputados “algo que tengo, algunos avances […] Se está procesando, el despacho tiene que entregarnos la información de manera oficial y ya nosotros tomaremos una decisión”.
Dijo que será hasta que se haga la entrega formal del documento cuando se dé a conocer a los diputados y a los medios de comunicación.
Legislatura LVIII
La LVIII Legislatura del Congreso de Jalisco trabajó del 1 de febrero de 2007 al 31 de enero de 2010:
Presupuesto 2007*: 553 mdp.
Presupuesto 2008*: 819.2 mdp.
Presupuesto 2009*: 842.3 mdp.
*Presupuesto ejercido.
http://www.milenio.com/node/583391
Transparentar auditoría a la LVIII Legislatura, piden diputados
Transparentar los resultados de la auditoría a la anterior Legislatura del Congreso de Jalisco, la LVIII, pidieron diputados de la actual, una vez que se informó oficialmente que el documento ya está listo y que se distribuirá entre los miembros de la Junta de Coordinación Política.
Este lunes, Público dio a conocer algunas de las anomalías que arroja la auditoría a la LVIII Legislatura y coincidentemente ayer el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Marrufo Torres, quien hace unos días indicó que aún no estaba terminada la revisión, dijo que recientemente fueron notificados por la empresa que la realizó que había terminado su trabajo.
En entrevista, el legislador tricolor señaló que el documento sería entregado formalmente este lunes por la noche a la Junta de Coordinación Política, donde están representadas las cuatro bancadas del Congreso local.
El diputado se negó a dar a conocer detalles de la revisión que se hizo a la administración anterior del Congreso del Estado, ya que aseguró que sólo han tenido acceso a información preliminar.
Público dio a conocer que en la auditoría que se hizo a la anterior Legislatura, se detectaron inconsistencias por más de 250 millones. Algunas se refieren a depósitos millonarios en cuentas particulares, así como desorden en el manejo de las finanzas.
Ayer, se le preguntó a Roberto Marrufo sobre la información que ya había entregado a los diputados de su bancada, tanto en la reunión que sostuvieron en Puerto Vallarta como en la sede estatal del partido y respondió que prefería no hablar sobre ese tema.
Por su parte, el líder de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Vargas López dijo desconocer el monto exacto de las irregularidades encontradas en la pasada Legislatura, aunque admitió que podrían ser incluso superiores a los 250 millones de pesos.
El legislador perredista se comprometió a que, una vez que se les entreguen oficialmente los resultados de la auditoría, los darán a conocer públicamente. También afirmó que se emprenderán acciones legales, y que la información no se usará como carta de cambio “ni para llegar a acuerdos de ningún tipo”.
Indicó que irán contra los autores de las anomalías y, a pregunta expresa de si también contra su correligionario, el ex coordinador del PRD, Samuel Romero Valle, dijo que “incluyendo a cualquier diputado de la pasada Legislatura”. También aseguró que aún cuando se trata de una empresa privada, la auditoría tendrá validez para emprender acciones jurídicas.
El líder de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Aubry de Castro Palomino, consideró por su parte que los resultados de la auditoría deben darse a conocer y, en los casos que amerite, se deben emprender acciones legales, porque ese fue el objetivo para el que fue contratada.
El presidente municipal de Tlajomulco, Enrique Alfaro, quien en la pasada Legislatura era diputado por el PRD, confirmó en entrevista por separado la existencia de la auditoría y dijo que recientemente fue notificado de documentos que hacían falta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, de la que era presidente. Pero “lo tengo perfectamente en orden y no tengo problema con eso”. Se trata de 60 mil pesos, cuyo destino ya fue aclarado.
Agregó que no sólo en el caso de la LVIII Legislatura, sino desde hace varios años, el Congreso del Estado enfrenta “problemas estructurales en el manejo de los recursos, que se tienen que atender. Si esto puede ayudar [la auditoría], qué bueno, lo que no sé es si una auditoría privada sea la ruta adecuada para corregir estas situaciones”.
En el caso de su paso por el Congreso, aseguró que el destino de los recursos se definía prácticamente en la Comisión de Administración, por lo que el resto de los legisladores no se enteraban, mientras que los fondos de las bancadas eran manejados por los coordinadores.
http://www.milenio.com/node/584264
Prevén sanciones para ex diputados por resultados de auditoría.
El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Roberto Marrufo Torres, reconoció que ya concluyó la auditoría especial que se realizó a la pasada Legislatura; dijo que en los próximos días darán a conocer los resultados y adelantó que podrían concretarse sanciones a quienes hicieron mal uso de recursos.
“El despacho nos ha dicho no de manera oficial que pronto dará a conocer los resultados. Tenemos conocimiento que está concluida a 100% (la auditoría). La Junta de Coordinación Política se reúne y determinaremos cuándo demos a conocer la información”.
En este sentido, el priista dijo que se podrían emitir sanciones a funcionarios y diputados que hubieren ejercido recursos fuera de lo que permite la ley.
“Una vez que se dé a conocer la auditoría, los ex diputados o ex funcionarios podrían presentar pruebas en su descargo”, dijo.
En tanto, el coordinador de los diputados del PRD, Raúl Vargas, dijo que habrá sanciones, pero pidió ser pacientes y esperar a que la información se haga pública de manera oficial.
“Las sanciones las hará la autoridad correspondiente. La auditoría se ordenó para hacer los señalamientos que de ella se deriven y de las irregularidades que se encuentren, y no para llegar a acuerdos de ningún tipo, ni utilizarlo como intercambio, sea quien sea; quien haya cometido irregularidades por acción o por omisión (será sancionado)”.
El perredista recordó que la auditoría se pagó en alrededor de un millón de pesos del erario, por lo que los resultados deben ser públicos.
Por su parte, el coordinador del Partido Verde, Enrique Aubry de Castro Palomino, refirió que con lo único que cuenta es “con datos preliminares, no tengo ningún dato completo”.
Dijo que existen algunas observaciones al ejercicio del presupuesto de la pasada Legislatura que podrían ir de 150 a 250 millones de pesos.
De los resultados de la auditoría realizada a la anterior Legislatura local se desprenderán acciones jurídicas en contra de quienes resulten responsables por anomalías, adelantaron los coordinadores parlamentarios del PRI y PRD, Roberto Marrufo y Raúl Vargas, respectivamente.
"Es un compromiso que hicimos nosotros, por eso la solicitamos (la auditoría) y la vamos a dar a conocer; en los términos que viene, así va a estar", dijo Marrufo.
La revisión se encuentra lista y, según Marrufo, anoche se entregaría formalmente a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
En la reunión se definiría cuándo se harán públicos los resultados y qué acciones procederían. Hasta las 20:30 horas, la reunión no había concluido.
Previamente, el líder de la bancada del PRD manifestó que la investigación no servirá como moneda de cambio para intereses partidistas.
"Se ordenó para hacer los señalamientos que de ella se deriven y, desde luego, las irregularidades que en ésta se encuentren. No es para utilizarla como una situación de intercambio, ni para llegar a acuerdos de ningún tipo", afirmó Vargas.
"Sea quien sea (se girarán las acciones pertinentes). Quien haya cometido esas irregularidades por omisión o por acción, incluyendo a cualquier diputado de la pasada Legislatura".
La auditoría se realizó por un despacho externo, ante los señalamientos de opacidad en contra de la gestión anterior.
Para saber
Los ex diputados Jorge Salinas, José García, Juan Carlos Castellanos, Samuel Romero, Juan Óscar Díaz, Alfredo Zárate y Luis Manuel Vélez, en su momento coordinadores de sus fracciones, recibieron depósitos en cuentas personales por más de 5 millones de pesos durante el 2008. Su salario anual era de poco más de un millón de pesos.
Sobre los ex coordinadores de las fracciones del PAN, PRD, PT, Panal y PVEM pesa también una denuncia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, debido a los depósitos documentados en cuentas personales durante el 2007.
La denuncia, recibida en el área de Visitaduría de la Procuraduría estatal el 30 de julio, fue presentada por Gabriel Valencia López, quien a través de un juicio de Amparo obtuvo documentación del Congreso local relativa a los gastos de los ex coordinadores con dinero de la Partida 8000 en el 2007, y que ascienden a 21 millones 424 mil pesos.
La queja expone que durante el 2007 el coordinador del PAN, Jorge Salinas, recibió depósitos por 8 millones 318 mil pesos; el del PRD, Samuel Romero, 4 millones 105 mil, y el del PT, Alfredo Zárate, 2 millones 598 mil pesos.
Además, el entonces coordinador de Nueva Alianza, Juan Oscar Díaz, recibió depósitos por 3 millones 200 mil pesos y el del Partido Verde, Luis Manuel Vélez, también 3 millones 200 mil.
Valencia López no incluyó en su petición de información al coordinador del PRI, Juan Carlos Castellanos, por lo que no está mencionado en la denuncia.
