Conagua
favorece a empresas
Para las
grandes empresas, la gestión de concesiones de agua resulta un trámite
sencillo, aún sin cumplir con los requisitos o con una revisión superficial de
los mismos. Esto puede corroborarse en los expedientes que respaldan los
permisos para extraer agua del subsuelo.
En
Jalisco, la mayor concentración en volumen de agua concesionado es de ITLC
Agrícola Central que, de acuerdo con datos disponibles en el Registro Público
de Derechos de Agua (Repda), tiene 24 títulos de concesión en el estado y seis
en Michoacán. En la entidad puede extraer 10 millones 930 mil metros cúbicos al
año.
ITLC
Agrícola Central pertenece a Grupo Azucarero México, el cual se integra por
Ingenio Tala, Ingenio Lázaro Cárdenas, Proveedora de Alimentos México y
Empresas y Servicios Organizados.
Grupo
Azucarero México, a su vez, forma parte de Organización Cultiba, SAB de
CV, “una empresa integrada de bebidas no alcohólicas con una participación
relevante en México. A través de nuestras asociadas y subsidiarias operativas,
respectivamente, producimos, vendemos y distribuimos en todo el territorio
mexicano bebidas carbonatadas, garrafones de agua y también producimos y
vendemos azúcar y productos relacionados. Nuestra asociada de bebidas es el
embotellador exclusivo de las marcas PepsiCo en México”, de acuerdo
con el perfil de la compañía publicado en la página de la Bolsa Mexicana de
Valores.
Es una de
las empresas más importantes del ramo en el país, con una producción anual de
alrededor de 400 mil toneladas de azúcar –cuarto lugar nacional–, con
una derrama económica de unos 3 mil 800 millones de pesos al año, según datos
de la propia empresa.
La Ley de
Aguas Nacionales, en su artículo 21 bis, señala que para solicitar un título de
concesión se deben presentar los documentos que acrediten la propiedad o
posesión del inmueble en el que se localizará la extracción de
agua.
Como
parte de esta investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI), en la que participó NTR Guadalajara, se hicieron solicitudes
de información sobre los expedientes de las empresas que tienen los mayores
volúmenes de extracción de agua autorizados.
En todos los expedientes de las
concesiones de agua a nombre de ITLC en Jalisco se incluyen contratos de
arrendamiento que la empresa ha celebrado con los dueños de las parcelas en
donde ha construido sus pozos de extracción de agua y que se encuentran
distribuidos en los municipios de San Juanito de Escobedo, Etzatlán, Tala,
Magdalena, Guachinango, Villa Corona, Teuchitlán, Magdalena, Ameca y San
Martín Hidalgo.
RENTAR TIERRAS EN LUGAR DE SEMBRAR
“¿Por qué
rentan sus tierras?”, se le pregunta a Humberto Vázquez, quien vende al Ingenio
de Tala –propiedad de ITLC– toda la caña que cosecha. Después de unos segundos
de silencio justifica a quienes prefieren no sembrar. En su caso, la ganancia
por hectárea es apenas de unos 50 mil pesos, “pero eso sin sacar cuentas de
todos los gastos, porque si se los sumo, seguramente salgo casi
tablas”.
Para la
renta de las tierras las empresas exigen firmar contratos de arrendamiento por
10 años. En el caso de los terrenos que se utilizan para la siembra de caña les
pagan desde 15 mil pesos anuales por hectárea. Ese monto representa poco más de
una tercera parte del salario mínimo anual vigente en este año, que es superior
a los 44 mil 900 pesos. “Pero si tienes varias hectáreas, recibes el dinero
todo junto, sin los riesgos de un mal año en el que le pierdes a la caña”,
afirma el campesino.
Juan
Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la
Gestión Integral del Agua, explica que “los cultivos básicos sin tecnificación
son poco rentables para la gente, entonces dan (sus tierras) en arrendamiento a
terceras personas”.
Los
campesinos que tienen tierras, pero que no cuentan con títulos de concesión de
agua, están en desventaja ante las empresas, sobre todo si desean obtener una
concesión porque, de entrada, los trámites son complicados “y hay muchos
intermediarios… gestores que tienen quién les arregle rápido adentro (en la
Comisión Nacional del Agua)”, afirma Francisco Quintero, de la Fundación Selva
Negra.
Aquellos
campesinos que sí cuentan con títulos de agua también terminan haciendo lo que
la Ley de Aguas Nacionales llama una “transmisión total de derechos”, que en
términos prácticos es la venta de la concesión o una “transmisión parcial”, que
es vender parte del volumen de agua autorizado y que, aparentemente, no
utilizan.
NO CUMPLEN, PERO OBTIENEN EL LÍQUIDO
La Ley de
Aguas Nacionales señala también que para obtener un título de concesión de agua
es necesario cumplir con varios requisitos, entre ellos presentar la
documentación técnica que “soporte la solicitud en términos del volumen de
consumo requerido”.
En los
expedientes de los títulos de concesión que la Conagua ha otorgado a
ITLC Agrícola Central en Michoacán sí es posible encontrar documentos técnicos,
pero en las concesiones otorgadas a la misma empresa en Jalisco sólo se
encuentran estos estudios en uno de los expedientes.
La
empresa ITLC realizó los trámites en Jalisco en el Organismo de Cuenca
Lerma-Santiago-Pacífico y casi todos los títulos fueron autorizados por Raúl
Antonio Iglesias Benítez y María Oyuka Romero Echavarría.
Además,
en algunos casos hay observaciones por la falta de documentos que acrediten el
derecho sobre la tierra de quienes se los rentan; sin embargo, no se subsana la
falta y se autoriza la perforación.
Otro detalle
que llama la atención en los expedientes de concesiones es la facilidad para
pedir cambios de uso o prórrogas por hasta una década.
Naturesweet Invernadero,
por ejemplo, tiene al menos 11 concesiones de agua en Jalisco que le permiten
extraer del subsuelo 9 millones 297 mil 317 metros cúbicos al año.
Esta
empresa se dedica, principalmente, a la producción de jitomates. Fue creada el
31 de julio de 2002 como Desert Glory México, S de RL de CV. En
la misma fecha se creó la empresa Desert Glory Inmobiliaria.
Ambas
empresas cambiaron su razón social en agosto de 2011a Naturesweet Invernaderos e Inmobiliaria, respectivamente.
En los
expedientes de las concesiones de Naturesweet en Jalisco sólo
aparecen los documentos correspondientes a un trámite administrativo de cambio
de razón social, en los que la empresa hace la solicitud y adjunta el acta de
la modificación. La empresa aprovecha para incorporar en ese mismo trámite
prórrogas de hasta 10 años, cambios de uso del agua, de agrícola a diferentes usos
y hasta incremento en los volúmenes de extracción. Para estos últimos permisos
no entrega documento alguno. Aun así, la Conagua autoriza todas las
solicitudes.
Otro
ejemplo de cambios de uso en las concesiones, sin contar con estudios que
sustenten la modificación, es el de la empresa Nutrilite, creada en
Zapotlán el Grande.
En el
expediente 08JAL101413/16IMOC09 se señala que en abril de 2009 su concesión en
la cuenca del río Armería era por 648 mil 169 metros cúbicos anuales de agua
subterránea para uso agrícola. Pidió la modificación para que una parte, 22 mil
metros cúbicos, pudiera tener un uso industrial. Por este trámite, que le
autorizaron sin problema, sólo pagó mil 404 pesos.
La falta
de transparencia sobre cómo se dan estas autorizaciones abre la puerta a “la
corrupción del agua”, considera el académico de la Universidad de Guadalajara
(UdeG) Antonio Gómez Reyna, quien forma parte del Observatorio Ciudadano para
la Gestión Integral del Agua.
El
sistema actual de concesiones de agua, resalta Gómez Reyna, fomenta la
existencia de “mexicanos de primera y de segunda, quién tiene derecho al agua y
quién no tiene derecho al agua”.
Pagos mínimos
En marzo
de 2019, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) realizó
una investigación sobre quiénes acaparan el agua en la Región Hidrológica 12,
de la que forma parte Jalisco.
María
González Valencia, coordinadora del estudio, explicó que seleccionaron esta
región porque, en junio de 2018, fue una de las afectadas con el levantamiento
de vedas de agua que realizó el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Además,
es una zona que “aglutina los conflictos socioambientales del agua
más urgentes de Jalisco, relacionados con el lago de Chapala, el río Verde, el
lago de Cajititlán, el río Santiago y las subcuencas y cuencas
de la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
El equipo
de Imdec encontró que los principales acaparadores del agua en
Jalisco son cerveceras, embotelladoras, inmobiliarias, empresas
de agroexportación y fraccionamientos residenciales “con concesiones
otorgadas por 10 y hasta 50 años”. También aparecen empresas químicas ubicadas
sobre todo en la cuenca del río Santiago, “que es el río más contaminado de
México”.
Imdec,
además, realizó solicitudes de información a la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) sobre los pagos por los derechos de agua que han realizado estas
empresas.
Entre
esos datos, resalta el fraccionamiento Condominio Santa Anita, que tiene un
club de golf, y de acuerdo con los datos entregados por Conagua, en el
periodo de abril de 2018 a marzo de 2019, solo pagó 442 mil pesos por los
derechos de agua para una concesión que le autorizó aprovechar un millón
859 mil 816 metros cúbicos de agua al año.
Mexichen Derivados,
SA de CV, empresa de productos químicos y petroquímicos, no tiene registrado
ningún pago durante ese periodo, pese a que tiene una concesión que le autoriza
extraer hasta un millón 942 mil 970 metros cúbicos de agua para uso
industrial.
FRASE:
“(El
sistema actual de concesiones de agua fomenta la existencia de) mexicanos de
primera y de segunda, quién tiene derecho al agua y quién no tiene derecho al
agua”: Antonio Gómez Reyna, Académico de la UdeG
Fuente:
NTR Guadalajara / Sonia Serrano Íñiguez
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