Violencia
sin seguimiento en los Valles
Investigación
revela que existen incongruencias entre los datos sobre delitos violentos que
registran las diferentes instancias implicadas en el nuevo Sistema de Justicia
Penal. Esto provoca una cifra negra y que responsables de algún crimen se vean
liberados de sus cargos.
La falta de capacitación de los diversos operadores del
Sistema de Justicia Penal Acusatorios, en especial de los policías municipales,
además de un inadecuado seguimiento por parte de las víctimas, propicia fallos
en la impartición de justicia en los municipios que conforman la región Valles
de Jalisco.
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| foto ilustrativa |
Axel Orozco, investigador del Centro Universitario de los
Valles (CUValles) que encabeza un estudio respecto al funcionamiento del nuevo
sistema penal, afirmó que se han encontrado con un desfase entre los hechos
delictivos que se registran en diversas instancias de impartición de justicia
—e incluso en las salas de emergencia de los centros de salud— y el seguimiento
que se les da.
“El seguimiento queda trunco por la propia víctima o porque
no se saben hacer las cosas con los operadores del sistema, que principalmente
son los policías, porque están acostumbrados a hacer las cosas diferentes y eso
provoca que algunos de los responsables de la comisión de delitos se vean
liberados de la carga”, aseguró el académico.
Orozco, junto con ocho profesores y dos estudiantes,
realiza una investigación en la que acuden a instancias como las direcciones de
seguridad pública municipales, las agencias del ministerio público, los
juzgados de oralidad (antes penales) y a las salas de urgencias de las
instancias de salud con la finalidad de conocer qué hechos violentos se
presentan, cuál es el seguimiento que tienen y cómo se resuelven.
El académico afirma que han constatado que en cada
instancia hay estadísticas distintas del número de casos que atienden. Por
ejemplo, la Dirección de Seguridad Pública de un municipio registra que atendió
diez asuntos relacionados con violencia o algún delito, pero de ahí al
Ministerio Público le llega uno, y además la carpeta tiene errores.
“Si sólo le entregan un asunto y se lo entregan mal, el
Ministerio Público se ve impedido por el debido proceso a continuar con la
acción en contra del sujeto que le pueda presentar la policía, y tiene que
cerrar el caso”, explica Orozco.
Lo mismo ocurre en los casos de violencia de género o
violencia familiar, muy frecuentes en la región, en los que la mujer acude a
denunciar la agresión en su contra por parte de su marido y al final es ella
misma quien le otorga el perdón.
“Ameca es un municipio en donde está instalada la alerta
de violencia de género, eso significa que hay muchos casos de violencia contra
las mujeres, pero desafortunadamente ellas siguen otorgando el perdón por
diversas circunstancias, sobre todo porque consideran que no podrían afrontar
la vida sin la pareja, ni en lo
económico ni en lo social, y eso es muy lamentable”, enfatizó.
El investigador asegura que hay una parte preocupante en
la conformación de los juzgados de oralidad en la región, que puede ser un
elemento que esté inhibiendo el seguimiento de casos.
“Hemos detectado que si hay un caso penal en Tala, la
gente de ahí tiene que acudir a Tequila para darle seguimiento al asunto y eso
está desanimando a la gente, es un aspecto al que se le habría que poner atención
por parte del poder ejecutivo como el judicial”, recalcó.
En los meses que han trascurrido del estudio, los
universitarios han identificado que en la región el mayor número de casos que
llegan a las instancias penales son los relacionados a la violencia de género,
pleitos y riñas entre particulares, robos sin violencia, y en muy baja
proporción los secuestros y homicidios doloso, no porque no los haya, sino
porque no se denuncian.
“Sí nos hemos encontrado con hechos violentos, pero no
hemos podido acceder a ellos porque no trascienden hacia las instancias de
administración de la justicia, se quedan en cifra negra”, advierte Orozco.
Agrega que aunque se sabe que la región ha sido afectada
por grupos de la delincuencia organizada y la Secretaría de Marina permanece en
Ameca desde hace unos meses, los pobladores afirman “que la delincuencia
organizada ha disminuido y creen que está desaparecida porque ya no tienen la
misma carga delincuencial como antes”.
Además de la investigación, los académicos pretenden la
instalación a corto plazo de un Observatorio que dé seguimiento a cómo se
desarrollan los procesos del Sistema de Justicia y si inciden en el número de
casos violentos que suceden en la zona.
Fuente: La Gaceta U. de G. / Mariana González
