EN ETZATLÁN HAY PRESENCIA DE MEZORO
SE PIDE QUE RATIFIQUEN LA DENUNCIA TODOS LOS TRABAJADORES.
CASO
MEZORO
Pero para comprender mejor la maraña en que se convirtió
este asunto por la intervención del líder sindical de la CTM, Rafael Yerena
Zambrano, y las irregularidades que permitió la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, los litigantes indicaron que todo se remonta al 29 de noviembre de
2000, cuando el grupo Mezquital del Oro de Occidente contrata un fideicomiso
con Bancrecer (ahora Banorte) para obtener un préstamo de 30 millones de pesos
de aquel entonces para invertirlos en la modernización de la empresa. El dinero
no se usó para lo que estaba destinado –dicen los abogados– y eso redundó en
que en 2004 se dejaran de hacer pagos a proveedores y trabajadores, que después
de tres meses de no recibir su sueldo se van a huelga sin que la empresa
pudiera declararse en quiebra.
El 11 de febrero de 2004, la Junta de Conciliación y
Arbitraje permite a los trabajadores llevar a cabo trabajos de mantenimiento y
conservación de las 21 granjas avícolas y al día siguiente el sindicato de
Trabajadores en Ranchos, Granjas, Huertas y del Campo, a través de Salomé
Orozco, contrata a la empresa Pelsa Agropecuaria para que eche a andar las
granjas avícolas y se encargue de administrarlas y explotarlas, pagando su
sueldo a los trabajadores y evitando que se perdieran las fuentes de empleo.
Para esta operación, Pelsa Agropecuaria se asocia con Alipec.
En tanto, los trabajadores seguían exigiendo el pago de los
sueldos que se les debían y de los que tendría que hacerse cargo Mezoro.
Mezoro, por su parte, se da cuenta que con la nueva
estructura con la que operan las granjas, tarde o temprano podría perderlas y
argumenta ante las autoridades que el arreglo conseguido por Pelsa Agropecuaria
viola la Ley Federal del Trabajo.
En 2005, el sindicato prefiere llegar a un mal arreglo que
continuar con un buen pleito y acuerda recibir sólo 17 millones de pesos como
finiquitos, en vez de los más de 100 que les correspondían.
En el acuerdo, el patrón (José Santos Gutiérrez Luken) se
comprometía a seguir con la fuente de trabajo pero contratando a nuevos
trabajadores que designaría el propio sindicato; sin embargo, aunque firmado,
el acuerdo nunca se ejecuta. Para entonces, ya corrían cinco denuncias penales
interpuestas por el sindicato de trabajadores de Mezoro y cuatro de ellas
contaban con laudos favorables.
Es entonces cuando interviene el líder cetemista en
Jalisco, Rafael Yerena Zambrano, quien en una asamblea les plantea a los
trabajadores que el dinero para sus finiquitos ya estaba listo, pero que si su
deseo era seguir con los procesos para no perder la fuente de trabajo él los
apoyaría. Contrario a lo que había planteado el sindicato, los obreros
prefieren luchar por conservar el empleo y conseguir que se les pagaran los
salarios que se les deben.
Sin embargo –aseguran los abogados– Yerena Zambrano
continúa negociando con la empresa Finarmex, quien entregaría alrededor de 20
millones de pesos para los finiquitos a cambio de desaparecer las granjas para
aprovechar los terrenos (al menos 30 hectáreas en diferentes partes del estado)
con fines inmobiliarios.
Para el 26 de marzo de 2006, el Sindicato de Trabajadores
en Ranchos, Granjas, Huertas y del Campo acuerda vender en 80 millones de pesos
los derechos de los juicios a Pelsa Agropecuaria, empresa que administraba
entonces las granjas. Al aceptar, Pelsa Agropecuaria empieza entonces a pagar
las indemnizaciones de los trabajadores.
Para el 3 de julio de 2006, Rafael Yerena, con otro miembro
del sindicato, Federico Viramontes, convocan a una asamblea urgente para el
mismo día, excluyen de ella a los representantes de Pelsa Agropecuaria, y una
vez encerrados con los obreros que alcanzaron a llegar, lanzan el ultimátum: el
dueño de Mezoro, José Santos Gutiérrez Luken, tiene 20 millones de pesos en
cheques para indemnizar y no hay más; quien lo quiera que lo tome y quien no,
que se vaya.
Según José Antonio Acevedo Barragán, Juan Carlos Estrada
Gómez y Ramón Valencia Jiménez, trabajadores de Mezoro que asistieron a esa
asamblea, se entregaron los cheques a quienes asistieron y los de quienes no
estuvieron se los quedaron los dirigentes, que falsificaron las firmas de los
ausentes. Con ese argumento, Mezoro asegura que ya pagó lo que debe.
Ante el enojo de la gente de Pelsa Agropecuaria, Yerena
asegura que se le regresará el dinero que ya había empezado a pagar para
liquidar deudas; sin embargo, el dueño de la empresa, Jorge Humberto Pérez
Lepe, aseguró que esto no ha sucedido.
El abogado Bernardo Plazola asegura que desde el 19 de
abril de 2006 las granjas ya estaban hipotecadas a través de Finarmex, lo que
demuestra la relación de esta empresa con Rafael Yerena. Además de esto, el
litigante asegura que no hay acta de la asamblea donde se entregaron los
finiquitos, lo que la hace ilegal.
Pero Pelsa Agropecuaria aún estaba de por medio y, según
Plazola, tanto Mezoro como el sindicato acuerdan con Alipec, la empresa
asociada a Pelsa, para que, a cambio de quedarse con los pollos de las granjas,
gestione la salida de ésta.
El 5 de agosto de 2006, dos días después de que Salomé
Orozco Pérez firmó el supuesto desistimiento de la huelga, con lo que Mezoro
volvía a erigirse como dueño y posesionario de las granjas, se desata un altercado
con personal de Alipec que se presentó a una de las granjas en el municipio de
San Marcos para sacar los animales que habían negociado.
Se llamó a la policía y se promovió la denuncia que
–asegura el abogado– fue congelada porque ya Mezoro, como supuesto posesionario
de las granjas, promovía otra denuncia por despojo contra todos los
trabajadores que estuvieran dentro de ellas.
Así arribamos al 6 de agosto de 2006, cuando más de siete
patrullas al mando de Antonio Herón Vargas, de la Subprocuraduría B de la PGJE,
arrestan a más de 30 personas y consignan a nueve que finalmente, el 11 de
marzo pasado, fueron absueltas.
El abogado Bernardo Plazola indica que esto exhibe la
falsedad del documento en que Salomé Orozco firma el desistimiento de la huelga
y las irregularidades en que ha incurrido la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.
La sentencia absolutoria se presentará como prueba en el
juicio laboral, con lo que se espera que el proceso de huelga vuelva a como
estaba hasta antes de agosto de 2006, cuando se tenían cuatro laudos favorables
a los trabajadores y se pretendían embargar los bienes de Mezoro para pagar a
los obreros. Aún hay un juicio pendiente y en él se disputa la mayor parte de
los bienes.
Hay otro dato que el abogado Plazola no deja pasar: el 27
de junio de 2008, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil determinó que
el poder que presentó José Santos Gutiérrez Luken para presentar la denuncia
por despojo carece de personalidad jurídica…
