Mientras el Gobierno de Jalisco reclama a la Federación la entrega de 232 millones de pesos pendientes del Programa de Devolución de Derechos, Municipios del Estado mantienen adeudos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con el SIAPA, una situación que presiona las finanzas locales y limita la inversión en infraestructura.
La operación del sistema hídrico no depende solo de la inversión pública. Los Municipios también deben cumplir con el pago por el uso de aguas nacionales y por los servicios de agua potable y saneamiento, recursos clave para mantener y ampliar la infraestructura.
Municipios adeudan a la Conagua por los derechos de uso del agua
La operación en materia hídrica no termina con las inversiones de cada Municipio ni con las legislaciones locales. Para que el manejo del agua se lleve a cabo de manera efectiva, los municipios deben desarrollar proyectos de acuerdo con el alcance de sus funciones. Aunque algunos de ellos se ejecutan con recursos municipales, otros requieren inversiones del estado e, incluso, de la federación.
El pasado 20 de julio, el Gobierno de Jalisco y distintos municipios dieron a conocer el adeudo de 232 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), correspondiente al Programa de Devolución de Derechos (PRODER), mediante el cual el organismo federal devuelve a los Municipios los recursos recaudados por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Estos recursos se destinan exclusivamente a mejorar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, bajo esquemas de coparticipación con las alcaldías.
Sin embargo, no todos los adeudos corresponden a la federación, ya que también existen Municipios que mantienen pasivos con la propia Conagua por concepto de derechos de uso o aprovechamiento de aguas nacionales y descargas de aguas residuales. Estas contribuciones económicas, o pagos de derechos, están establecidas en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la Ley Federal de Derechos, que regulan las obligaciones de los usuarios ante la Federación por explotar bienes del dominio público y verter aguas residuales en cuerpos receptores.
De acuerdo con las cifras más recientes disponibles de la Conagua, al menos 14 Municipios de Jalisco mantenían un adeudo total de 23 millones 312 mil 807.70 pesos por concepto de derechos de uso o aprovechamiento de aguas nacionales y descargas de aguas residuales, correspondiente al periodo de 2020 a 2024, el cual permanecía sin saldarse hasta septiembre de 2025. Se trata de Ahualulco de Mercado, Cuquío, Degollado, Jalostotitlán, Jocotepec, Juanacatlán, La Manzanilla de la Paz, Ojuelos, Tala, Tecolotlán, Tizapán, Tonalá, Valle de Juárez y Zapotiltic.
Los mayores pasivos corresponden a Tala, con 6.78 millones de pesos; Juanacatlán, con 4.92 millones, y Jocotepec, con 2.87 millones. También figuran Jalostotitlán, Tecolotlán, Ahualulco de Mercado, Tizapán, Ojuelos, Zapotiltic, Tonalá, Valle de Juárez, Degollado, Cuquío y La Manzanilla de la Paz.
(Hasta este miércoles los Ayuntamientos de Ahualulco de Mercado y de Tala no se han pronunciado sobre la deuda)
Soporte financiero al sistema hídricoícolas.
Financiamiento. El sistema hídrico se sostiene con dos fuentes principales: los derechos federales que recauda la Conagua y las tarifas que cobran organismos operadores como el SIAPA por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Cobros. La Conagua cobra a concesionarios y permisionarios por el uso de aguas nacionales y otros aprovechamientos; el SIAPA factura a los usuarios según el tipo de inmueble, consumo y servicios recibidos, con tarifas aprobadas por el Congreso de Jalisco.
Incumplimiento. La falta de pago de derechos o tarifas puede generar créditos fiscales, recargos, sanciones y procedimientos de cobro conforme a la legislación federal y estatal.
Impacto. Los recursos obtenidos permiten financiar la operación diaria del sistema hídrico, el mantenimiento de redes y plantas, la modernización de infraestructura y el acceso a programas federales.
El Estado reclama recursos federales
Los recursos federales pendientes de entrega a Jalisco por el Programa de Devolución de Derechos (PRODER) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) superan los seis mil 636 millones de pesos.
Del total, 235.6 millones corresponden al PRODER y seis mil 400.6 millones al FAISMUN. Este último contempla recursos aprobados para los cuatro trimestres de 2024 y los tres últimos de 2025. Para 2026 se proyectan dos mil 154 millones de pesos, ligeramente por encima del año anterior.
El Gobierno de Jalisco y alcaldes de distintos partidos advirtieron que la falta de estos recursos ha generado presiones financieras en municipios y organismos operadores de agua, afectando obras de infraestructura y servicios.
El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, señaló que el adeudo del PRODER incluye recursos para municipios, la Comisión Estatal del Agua y el SIAPA. Los alcaldes solicitaron a la Federación liberar los recursos pendientes y revisar los efectos de la reforma al FAISMUN para garantizar la continuidad de obras y servicios públicos.
¿Qué es el FAIS?
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS, también conocido como FAISMUN) es un presupuesto federal destinado a los municipios para reducir rezagos estructurales, mediante el financiamiento de obras básicas como agua potable, drenaje, electrificación o de salud.
Los recursos son asignados a los municipios que la federación considera tienen mayores carencias, estableciendo un monto fijo para cada uno que se considera en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los gobiernos municipales son los que deciden qué obras ejecutar con tales recursos, siempre y cuando cumplan con los ejes contemplados en la reglamentación.
Sin embargo, a partir del 2025 la Federación puso en marcha el FAISPIAM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas), un componente del FAIS que establece la asignación, por ley, de al menos el 10% del presupuesto del Fondo, manera directa y sin intermediarios, a las comunidades indígenas y afromexicanas.
Como la bolsa total de dinero es fija, esta reforma implica una reducción proporcional en los recursos disponibles que los municipios solían recibir, siendo este porcentaje el que han solicitado a la federación les sea restituido.
¿Qué es el PRODER?
El Programa de Devolución de Derechos (PRODER), por su parte, es un mecanismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) diseñado para que el dinero que los municipios pagan por explotar el agua regrese a ellos como presupuesto para obras en materia hídrica.
A diferencia del FAIS, que se distribuye de forma “automática”, según el nivel de las necesidades de los municipios, el PRODER opera bajo un mecanismo de “reembolso”. Los organismos municipales de agua pagan un derecho federal a la Federación por cada litro de agua nacional que extraen, pero con el PRODER, el gobierno federal les devuelve ese mismo dinero siempre y cuando el municipio demuestre que lo va a reinvertir en el propio sistema hidráulico local.
El dinero devuelto se etiqueta exclusivamente para proyectos que mejoren el servicio de agua, como construcción o ampliación de redes de agua potable y alcantarillado, saneamiento, plantas de tratamiento de aguas residuales, reparación de fugas o la modernización de equipos de bombeo.
Sin embargo, para ello se añade un requisito adicional: la Federación regresa hasta el 50% del valor total de la obra, pero obliga al municipio a pagar el otro 50% restante, en un modelo de coparticipación.
Y es en este sentido en el que los municipios denunciantes afirman que ya han invertido la mitad de los recursos requeridos por el PRODER, o incluso, han pagado toda la obra, y requieren que se les entregue el dinero que, señalan, les corresponde para este 2026, o en su caso, se les devuelva a quienes pagaron el 100 de la obra ejecutada bajo el mecanismo del PRODER.
Fuente: El Informador
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