En conferencia de
prensa, los campesinos de la zona lamentaron que la CFE no sólo no haya pagado
el monto que corresponde a la utilización de los terrenos, sino que tampoco ha
construido las obras sociales que prometió, e incluso ha recurrido a las
amenazas de muerte contra las pobladores –muchos de ellos de la tercera edad–
para convencerlos de no reclamar ningún pago extra por sus tierras.
Alejandro López
Aguayo, abogado de las comunidades en resistencia, explicó que la presa
hidroeléctrica empezó a construirse en septiembre de 2007 en el cauce principal
del río Santiago, lo cual inundará 3 mil 830 hectáreas de los municipios de
Tequila, Magdalena y Hostotipaquillo (Jalisco), y La Yesca (Nayarit), afectando
a unos 10 mil habitantes, quienes perderían su medio de subsistencia.
Desde esa fecha y
hasta hoy, los campesinos han solicitado audiencias con la CFE para que dicha
paraestatal les otorgue un pago justo por el valor de sus tierras –equivalente
más o menos al 5 por ciento de los mil 200 millones de dólares del costo total
de la obra–, pero los responsables del proyecto han insistido en pagarles no
más de 40 pesos por metro cuadrado.
Además, los
pobladores exigen que el gobierno cumpla con diversas obras sociales prometidas
para convencer a la gente de las bondades del proyecto (caminos, puentes,
electrificación, bordos de agua y plantas solares) y se responsabilice por la
afectación ambiental que causará la presa de La Yesca, cuya inauguración está
programada para finales de este mes o inicios del próximo.
López Aguayo señaló
que en la misma zona ya están en operaciones las hidroeléctricas de El Cajón y
Santa Rosa –todas ellas asignadas a la empresa ICA, a pesar de la resistencia
que enfrentó para construir la de La Parota, en Guerrero–, e informó que el
Tribunal Permanente de los Pueblos sesionará en la comunidad de Temacapulín
(donde hay otro megaproyecto del mismo tipo) los días 5 y 6 de noviembre, para
analizar las violaciones a los derechos humanos que implica la edificación de
La Yesca, y dar un informe final el 8 de noviembre en Guadalajara.
A nombre de las
comunidades afectadas, los campesinos Adela Sandoval, Dimas Salinas, Maura Carranza
y Celia Castañeda reiteraron la exigencia de que el gobierno federal les dé un
pago justo por sus tierras, y señalaron que un funcionario apellidado Armas ha
recurrido a amenazas veladas de muerte para desmovilizarlos.
