Defraudó la constructora Tango a miles de familias en
Jalisco y huyó.
Viviendas defectuosas y sin servicios
Prácticas similares a las del cártel inmobiliario de la
CDMX
Miles de familias
jaliscienses fueron víctimas de un fraude orquestado por la inmobiliaria Tango,
con la complicidad de autoridades de los gobiernos emanados de los partidos
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, en la construcción del fraccionamiento
La Cima, por lo que tienen que vivir en casas y departamentos que carecen de
servicio de agua potable e incluso, en algunos casos, con dictámenes de riesgo
estructural que las ponen en peligro de muerte.
Se trata de 2 mil 500
viviendas, por las cuales sus propietarios –personas de escasos recursos– se
endeudaron con créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit), que siguen pagando, mientras la empresa
constructora se encuentra desaparecida, ya que, de acuerdo con la actual
administración municipal, se desconoce la ubicación de sus oficinas y no ha
habido forma de contactar a sus representantes legales.
La Cima, cuya construcción se
inició en 2010, fue edificada en siete etapas diferentes, de las cuales las
tres primeras fueron las únicas que el ayuntamiento recibió formalmente el 28
de septiembre de 2012; las siguientes no fueron recibidas porque la empresa no
demostró su habitabilidad ni factibilidad hídrica, refieren documentos.
La Auditoría del Estado de
Jalisco (AEJ) también halló irregularidades en los ingresos de 2018 y 2020,
cuando detectó que la inmobiliaria no realizó el pago de 16.5 millones de pesos
por concepto de ampliación de la vigencia de licencias de urbanización, trámite
otorgado por los ayuntamientos a desarrolladores para urbanizar un área
determinada. Con todo, la AEJ rechazó la presentación de denuncias penales
contra servidores públicos.
Pese a la falta de permisos y
licencias, los gobiernos municipales de Joaquín González Lara (Acción Nacional)
y Jorge Abel Hermosillo Pulido (Movimiento Ciudadano), permitieron la
edificación y la venta de las viviendas a través del Infonavit, que entregó mil
821 créditos que oscilan entre 300 mil y 700 mil pesos cada uno.
El delegado del Infonavit en
Jalisco, Ramón Gómez Armentia, sostiene que la dependencia cuenta con todas las
autorizaciones del fraccionamiento; sin embargo, en una misiva dirigida al
gobierno municipal y a diversas autoridades, el alcalde de El Arenal, Jorge Camarena
Baltazar, aseguró que de manera ilegal y ante la omisión de diversas
autoridades
, la empresa siguió vendiendo casas y departamentos, con
construcciones de calles y edificios deficientes
sin contar con los
permisos correspondientes y en constante riesgo de colapso.
Se calcula que Infonavit pagó
al menos 546 millones de pesos al desarrollador por la construcción de La Cima,
donde habitan unas 2 mil 981 personas.
La inmobiliaria Tango
desapareció y ni siquiera se conoce su dirección, indicó el presidente
municipal. Quien era el apoderado legal de la firma durante la construcción
irregular, Rodrigo Gil Ramírez, ahora es presidente de la Cámara Nacional de
Vivienda (Canadevi) en Jalisco, cuyo nombramiento fue encabezado por el propio
gobernador Enrique Alfaro Ramírez en un acto público el año pasado, y cuya
administración también ha tenido conocimiento de las anomalías del
fraccionamiento a través de diversas quejas y una misiva dirigida al emecista
el 22 de diciembre pasado, sin que hasta la fecha ninguna autoridad haya
intervenido para dar una solución a los vecinos.
Para la diputada local Susana
de la Rosa Hernández del partido Futuro, el caso de La Cima es un reflejo del
surgimiento del cártel inmobiliario en Jalisco.
“Comienza
a pasar el fenómeno de la Ciudad de México. La Cima refleja una forma de operar
que se está repitiendo en nuestro estado: permitir a constructoras crear
fraccionamientos o departamentos que no cumplen con los planes parciales de
desarrollo, no cuentan con información sobre estudios de impacto ni con
permisos del ayuntamiento y terminan causando estragos por falta de agua y luz.
Todo eso se permite y lo más grave es que se violan derechos humanos y
económicos de la gente, dijo De la Rosa Hernández, quien presentó un punto
de acuerdo ante el Congreso estatal para que las autoridades resuelvan el
problema.
Fuente: La Jornada / Sandra Hernández García
