El presente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria representa para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la suma de acciones conjuntas, de vinculación interinstitucional y de un trabajo colaborativo que, en cumplimiento al mandato establecido en nuestra Ley, ha dado seguimiento a las funciones realizadas por parte de las autoridades penitenciarias del país, para incidir en el mejoramiento de las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad abordando temas que, en algunos casos, siguen siendo motivo de preocupación por la persistencia de áreas de oportunidad identificadas en diagnósticos anteriores.
Para este Organismo ha sido fundamental velar por la protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de sus hijas e hijos que viven con sus madres en prisión, de sus visitas y del personal que labora en los centros, a través de una actuación dotada de perspectiva de género y de enfoques especializados, diferenciales e interseccionales en cada visita de supervisión a los centros penitenciarios a lo largo del país.
A través de este instrumento de diagnóstico, nuestra misión ha trascendido, logrando que dejará de ser visto como un documento meramente evaluador y cuantitativo, para constituirse como una herramienta de análisis cualitativo que ha permitido a los sistemas penitenciarios estatales, federal y a prisiones militares reconocer las áreas de oportunidad que imperan en sus centros, observándose en algunos casos, importantes avances significativos en favor de las personas en situación de reclusión.
El Centro Integral de Justicia Regional Valles - Ameca tuvo una calificación de 7.03
La capacidad es de 84 personas. Actualmente hay 33 hombres y 2 mujeres.
Se aclara que el análisis de los resultados obtenidos a través de este Diagnóstico debe guiarse considerando los centros específicos visitados durante este año y sus evaluaciones individuales, es decir, basándose en las estimaciones por centro y no en los resultados a nivel estatal. Esto se debe a que, para la elaboración de este instrumento, como se ha mencionado, no se visitaron todos los centros penitenciarios de cada entidad; en su lugar, se seleccionó una muestra de aquellos centros que recibieron las calificaciones más bajas en 2022. Por ello, el promedio obtenido a nivel estatal puede considerarse parcial en comparación con los diagnósticos anteriores, en los cuales se visitó la totalidad de los centros por lo que se recomienda, por lo tanto, observar y referenciar los datos obtenidos por centro y no por tendencia estatal.
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*:
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
• Deficiente separación entre hombres y mujeres.
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro.
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico.
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación.
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
