Las parcelas de la muerte
El estado de Jalisco
encabeza la producción nacional de al menos 15 alimentos, en cuyo cultivo se
emplean pesticidas prohibidos en casi todo el mundo por estar asociados con la
alta incidencia de cáncer. Por esa razón, la organización internacional Greenpeace
e investigadores del IMSS y de la U. de G. proponen mejorar el marco
regulatorio de esas sustancias e informar bien a los campesinos de sus riesgos.
Pero aclaran que los agrotóxicos también dañan al consumidor y al medio
ambiente.
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| Foto Rafael del Rio |
GUADALAJARA,
Jal. (Proceso Jalisco).- El 80% de los agricultores del estado emplean
plaguicidas prohibidos en varios países por su toxicidad y su posible relación
con el cáncer, advierten investigadores y la organización ecologista
internacional Greenpeace.
En
2002 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) publicó el primer Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental y
Ocupacional, donde informó que las intoxicaciones graves aumentaron 300%, al
pasar de mil 576 en 1993 a 7 mil 32 casos en 1996.
Entre
2005 y 2010 se atendieron 3 mil pacientes por año. Las entidades con mayor
número de casos de intoxicación aguda por agroquímicos son Nayarit, Jalisco,
Sinaloa y Chiapas.
Jalisco
tiene un millón y medio de hectáreas sembradas, y aunque su distribución es homogénea
destacan los municipios de Tomatlán, Puerto Vallarta y Cuautitlán de Barragán.
Se cultivan 115 alimentos y es el primer productor nacional de 15, entre ellos
chía, jitomate, lima, frambuesa, agave, hongos, maíz y garbanzo forrajero. El
valor de la producción agrícola estatal es de alrededor de 25 millones de pesos
anuales, equivalentes al 10% del PIB agropecuario nacional.
La
doctora Ruth de Celis Carrillo, investigadora de la División de Inmunología,
laboratorio de Patología Ambiental del Centro de Investigación Biomédica de
Occidente (CIBO) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señala que
las estadísticas demuestran que desde hace dos décadas se ha elevado la
incidencia de cáncer por plaguicidas.
Con
un grupo de alumnos de maestría y doctorado, la investigadora realizó en el
municipio de Tala un estudio para conocer los efectos de esos productos
químicos en la población.
En
la región Valles de Tala, a 50 kilómetros de Guadalajara, está uno de los tres
ingenios más grandes del país, con aproximadamente 22 mil hectáreas de caña de
azúcar.
Con
los datos de la Secretaría de Salud Jalisco y el IMSS sobre la población de
Tala, De Celis detectó que ésta, en comparación con habitantes de regiones
aledañas, padece “una incidencia más alta de leucemias, de intoxicaciones
agudas altas, y cáncer de piel asociado con el uso de pesticidas”.
En
ese estudio, que comenzó en 2010 y está por publicarse, la investigadora
encontró familias que viven en medio de campos de cultivos de caña y zonas que
aún se fumigan con avioneta:
“Hacen
una dispersión uniforme de los pesticidas que se deposita en las casas. Los
pesticidas son sustancias oleosas que se impregnan en cualquier superficie y
permanecen ahí por periodos muy largos. Se les encuentra en los ladrillos, en las
paredes, en las tejas: aunque no huela a ellos, están ahí.”
Añade
que los más afectados son los niños y adolescentes, a quienes los químicos
vuelven propensos a la leucemia y cáncer de tiroides, respectivamente. La
enfermedad, explica la doctora De Celis, puede desarrollarse por vivir en “una
región tóxica” o si el papá es trabajador agrícola y frecuentemente guarda los
pesticidas en su hogar.
Después
de los menores, las más vulnerables a estas sustancias son las mujeres, que no
se pueden embarazar o sufren abortos “espontáneos”. Si quedan grávidas corren
el riesgo de que el feto presente malformaciones, algunas “incompatibles con la
vida”.
La
exposición a los pesticidas de estos dos grupos también se atribuye a que
trabajan sin el equipo adecuado. En el caso de las mujeres, se suma el factor
de lavar sin protección la ropa contaminada de su esposo o sus hijos.
La
investigadora del CIBO indica que la mayoría de los campesinos desconoce las
consecuencias del uso de pesticidas sin el equipo adecuado. “Hemos encontrado
que a los campesinos les compran el equipo de protección pero no lo usan, o el
patrón no lo compra, o lo tienen en malas condiciones. Deberían estar
conscientes de la necesidad de usarlos”.
Cancerígenos
Esteban
Jiménez, de 78 años, es un campesino de Santa Cruz de la Soledad, delegación de
Chapala, y padece cáncer de próstata. A los 12 años empezó a trabajar en los
campos de maíz, jitomate y chícharos. Nunca utilizó equipo protector.
“Cuando
estábamos chicos no había plagas. Después, cuando estaba casado, empezó la
plaga. Tenía yo como 23 años. La combatíamos con un insecticida que se llama
parametox 120.. Después, como no la podíamos combatir, usamos el parametox 150,
más fuerte. En las últimas plantaciones que anduve trabajando se usó el insecticida
que le llamamos fulidor.”
Ahora,
consciente del daño que provocan los pesticidas, Jiménez comenta: “Hasta eso,
éramos bien brutos para manejar eso (los químicos). Y sí se recomendaba en el
instructivo, decía que se tapara uno; y uno pensaba: ¡ah, ni hace nada esa
tarugada! Y así lo tirábamos. Ya últimamente se descubrió que hace daño y que
resultan enfermedades como el cáncer”.
Indica
que cuando todavía sembraba seis hectáreas, sólo aplicaba dos veces al año el
glisofato conocido comercialmente como faena. En esa labor estaba en contacto
con el plaguicida un promedio de nueve horas continuas.
“Ahora
lo aplican casi diario. Por eso decía en el papel que debe uno tener cuidado si
traes la mochila, así se le llama a la bomba que traemos colgada, y si no se
tiene cuidado de que no se derrame le cae a uno en la espalda. Siempre debes de
traer algún plástico para que caiga sobre el plástico, pero muchos dice que
para qué, si se siente remucho calor y que así mejor, pero no saben el
resultado después”, dice el entrevistado.
El
10% del total de la industria química del estado y 3.70% de la producción de
agroquímicos del país se fabrican en Jalisco.
El
doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Departamento de Ciencias
Ambientales, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
(CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, Arturo Curiel Ballesteros, indica que
estudios internacionales vinculan el uso de plaguicidas con 12 tipos de cáncer,
sobre todo de pulmón, de páncreas, de colon, de recto, de vejiga, de cerebro,
leucemia, melanoma, linfomas H y NH, y mielomas.
Detalla
que se encontró una relación específica del glisofato –que en el estado se usa
para cualquier cultivo– con los linfomas NH. De hecho, el glisofato, el
diazinon y el malathion fueron recategorizados el pasado 20 de marzo como
“probable cancerígeno para humanos” por la Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud.
Curiel
Ballesteros lamenta que si bien “algunos insecticidas se prohíben, su
regulación queda en letra muerta. Por ejemplo, en Guadalajara, en los
alrededores del mercado de Abastos puedes conseguir casi cualquier plaguicida,
incluso el DDT, prohibido en todo el mundo. Es una comercialización
clandestina”.
Afirma
que los campesinos tienen una doble exposición a los pesticidas: “El agricultor
recibe el impacto de la toxicidad del compuesto químico, más el impacto de
calor. Eso lo hace que tenga una mayor exposición a los plaguicidas y éstos un
efecto más fuerte”.
Coincide
en sumar a esto factores como la frecuencia de la fumigación, la vestimenta
inadecuada, la velocidad de los vientos y diversas formas de llevar el tóxico a
las viviendas.
–¿Hace
falta legislar más en la materia? –se le pregunta.
–Si
vamos hablar de políticas públicas, la primera medida es la información y la
educación. Las personas que hacen las aspersiones o que llevan esas
exposiciones a sus casas no tienen una educación sobre el riesgo que
representan estas sustancias. Los herbicidas y los insecticidas son la
tecnología que más usan los agricultores en Jalisco, más que los tractores.
Es
el caso de Josefina Castellanos Álvarez, quien comenzó a trabajar en los campos
de Santa Cruz de la Soledad cuando tenía cinco años. Hoy tiene 45 y ya
sobrevivió al cáncer de seno, pero vive con el temor de que reaparezca.
“Yo
ayudaba a mi abuelito desde los cinco años a preparar la tierra y a sembrar. Me
tocó usar insecticidas… bueno, todavía”, precisa.
“Antes
usábamos un paño en la cara –continúa–, ahora un cubrebocas, pero sí siento la
reacción del fumigante. Tengo dolor de cabeza, me duele el seno, tengo náuseas,
vómito y alergias en la piel; se enroncha uno como cuando sale sarampión y da
comezón. Y en la piel, sobre todo de la cara, me salen machas grandes y negras.”
Menciona
que, además de aplicar fumigantes como tordon y glisofato a los cultivos, los
prepara: “En las etiquetas de los envases viene que uno se debe de proteger la
piel y los ojos, porque cuando te cae se hace como una infección, y tienes que
lavarte con agua, pero en el campo hay veces que no hay agua limpia, sólo la
del canal, que está sucia y te infecta más”.
La
mujer admite que ha pensado en dedicarse a otra actividad para evitar el
contacto con los insecticidas, pero aún es difícil: “Mi mamá me enseñó a
trabajar en el campo y tengo que sobrevivir”.
Dice
que por fortuna le detectaron a tiempo el cáncer de mama: “Un becerro me dio
una patada en el seno, me creció muy grande. Los médicos estudiaron mi caso y
me lo detectaron oportunamente. Estuve 10 años en quimioterapia y todavía me
hago estudios para estar pendiente de que no regrese”.
El
miedo obedece a que también enfermaron de cáncer sus padres y un tío, quienes
como ella se dedicaban a las labores del campo.
Vulnerabilidad
En
el informe La mancha en tu comida, elaborado por Sandra Lazo, que Greenpeace
difundió en su página de internet el pasado martes 1, se argumenta que la
legislación sobre el control de plaguicidas se aboca a proteger a los seres
humanos de los riesgos de exposición.
“Lo
anterior ha impuesto que la autorización (para usar pesticidas) se base en
aspectos sanitarios, dejando de lado otros aspectos, por ejemplo los
ambientales. Por si fuera poco, la autorización de uso para las sustancias
químicas no tiene vigencia y la regulación no es muy clara sobre los
procedimientos administrativos y de vigilancia, por lo que se genera
discrecionalidad en el otorgamiento de los permisos.”
Agrega
que en México “aún no se cuenta con un marco regulatorio y no se han
implementado Límites Máximos Permitidos (LMP) de plaguicidas en sitios y
acuíferos contaminados, y sólo se ha propuesto adoptar como referencias los LMP
de Estados Unidos y Canadá sin que ello sea de observancia obligatoria”.
Además,
considera “preocupante, a nivel nacional, que la venta de plaguicidas sea de
libre acceso, sin limitaciones de compra de los productos ni de cantidades,
incluso para aquellos compuestos que están clasificados como altamente
peligrosos por sus efectos ecotóxicos, cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos
o perturbadores endócrinos”.
En
el reporte mencionado se explica que la agricultura industrial, y
específicamente el uso de agrotóxicos, minan la salud de los agricultores, de
sus familias y de los consumidores de los productos, aparte de amenazar a los
ecosistemas.
“Desde
hace poco más de una década –puntualiza la autora del informe–, el Catálogo
Oficial de Plaguicidas autorizados en México por parte de la Cofepris no ha
sido revisado y mucho menos actualizado para cancelar el uso de sustancias
altamente peligrosas, algunas de las cuales ya han sido prohibidas en otras
partes del mundo pero en nuestro país continúan autorizadas.”
Entre
otras demandas, Greenpeace pide que se deje de distribuir los productos
altamente tóxicos, incluyendo el glisofato y los 29 agrotóxicos prohibidos en
otros países, y se incorporen al marco normativo los LMP de agroquímicos en
alimentos, cuerpos de agua y suelo.
Asimismo,
solicita limitar la venta de productos químicos a través de mecanismos de
certificación y permisos para los aplicadores, así como mejorar las condiciones
laborales, de salud y educación de los campesinos.
En
tanto, Curiel Ballesteros considera que, si al consumidor se le informa en qué
cultivos se usaron plaguicidas, puede afrontar mejor el riesgo de adquirirlos,
ya que pudieran traer o no residuos.
Lamenta:
“Mucha gente se va más por el precio que por la calidad (al comprar productos
del campo). Regularmente el que tiene menor precio es el que no pueden colocar
en los mercados internacionales y a veces la causa es que no tiene las
características de inocuidad deseables”.
Y
subraya que los jornaleros y los agricultores no sólo son los más afectados por
tener contacto directo con los pesticidas sino también por “ser uno de los
sectores más desprotegidos en términos de seguridad social y laboral”.
Por
su parte, la doctora De Celis explica que “hay controladores de plagas
orgánicos. Son más lentos, a veces no tan eficaces, pero es lo que se debe de
hacer. El control biológico es por medio de hongos, bacterias e insectos que
ayuden a contrarrestar las plagas. Son opciones inocuas tanto para el
trabajador del campo como para el consumidor”.
Recuerda
que “los productos orgánicos tienen más nutrientes, minerales, fibra,
vitaminas, ácidos grasos… y no perjudican la salud. Además, debemos tener
presente que los pesticidas no son buenos para ellos (los agricultores) ni para
nosotros como consumidores, ni para la tierra; la están modificando
constantemente, se empobrece”.
