Este día se publica, en el Diario
Oficial de la Federación, la “RELACION DE DECLARATORIAS DE LIBERTAD DE TERRENO
01/2015”
La Secretaría de Economía, a través de
su Dirección General de Regulación Minera, con fundamento en los artículos 1o.
y 14, párrafos tercero y cuarto de la Ley Minera; 28 del Reglamento de la Ley
Minera; y 27, fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de
Economía, y con motivo de la cancelación de las concesiones mineras
correspondientes por aceptación del desistimiento debidamente formulado por sus
titulares de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 42, fracción II de la
citada Ley Minera, resuelve:
PRIMERO.- Declarar la libertad
del terreno que legalmente hayan amparado los siguientes lotes mineros, sin
perjuicio de terceros:
TITULO AGENCIA EXPEDIENTE NOMBRE
DEL LOTE SUPERFICIE MUNICIPIO
219339 GDL. 3/1/611 CLARA
402.6095 ETZATLÁN
224771 GDL. 3/1/744 CLARA III 56.9811 ETZATLÁN
226107 GDL. 15734 CLARA II 791.0711 ETZATLÁN
(HAY
OTRA EN CHIQUILISTLÁN Y EN LAGOS DE MORENO)
 |
| Foto ilustrativa |
SEGUNDO.- De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, párrafo primero, fracción V
del Reglamento de la Ley Minera, los terrenos que se listan en el resolutivo
anterior serán libres a los treinta días naturales de que se publique la
presente declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, a partir de las
10:00 horas.
Cuando esta declaratoria surta efectos en un día inhábil,
el terreno o parte de él podrá ser solicitado a las 10:00 horas del día hábil
siguiente.
TERCERO.- Las
unidades administrativas ante las cuales los interesados podrán solicitar
información adicional respecto a los lotes que se listan en la presente
declaratoria, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 94
del Reglamento de la Ley Minera, son:
La Subdirección de Minería adscrita a la Delegación Federal
de la Secretaría que corresponda a la entidad federativa de ubicación del lote,
así como la Dirección General de Regulación Minera, sita en Calle de Acueducto
No. 4, esquina calle 14 bis, Col. Reforma Social, C.P. 11650, en la ciudad de
México, D.F.
CUARTO.-
Conforme a lo previsto por la Disposición Quinta del Manual de Servicios al
Público en Materia Minera, que señala la circunscripción de las agencias de
minería, las solicitudes de concesión o de asignación minera deberán
presentarse en la agencia de minería que corresponda a la entidad federativa de
ubicación del lote.
EL
DATO
En 15 estados de la República Mexicana liberaron terrenos
mineros.
Una
amarga rebanada
En apenas una década, la Secretaría de Economía entregó
prácticamente la tercera parte de la superficie jalisciense para exploración y
explotación minera; ¿qué le deja al estado rentar un tercio de su territorio
para una actividad que sólo genera riqueza para unos pocos y altos costos para
la gran mayoría?
Esta cifra escalofriante se dimensiona al verla en un mapa:
todas las regiones montañosas del estado están concesionadas para esta
actividad, sin importar poblaciones que podrían ser afectadas.
Hasta junio de 2013, la Dirección General de Minas de la SE
informó mediante solicitud de transparencia que dos millones 635 mil 573
hectáreas de Jalisco estaban concesionadas para la minería. Esto representa el
33% del territorio y cinco veces más que el 6.6% que estaba otorgado en 2005.
El panorama es parecido en todo el país, pues el gobierno
panista de Felipe Calderón impulsó una política de entrega del país a empresas
mineras, la cual ha tenido continuidad con el del priista Enrique Peña Nieto.
Decir que se “entrega” el país no es una exageración: la
Ley Minera establece que esta actividad está por encima de cualquier otra (como
la agricultura, por ejemplo), las concesiones tienen una vigencia de 50 años
renovables a 100 años y –hasta antes de la reforma hacendaria de 2013– los
titulares de las concesiones sólo pagaban entre 5.91 y 129.24 pesos por
hectárea, independientemente del mineral que sacaran.
Las regiones que tienen mayor territorio concesionado son
Costa Norte, Costa Sur, Sur, Sureste, Sierra de Amula, Sierra Occidental,
Valles y Norte.
Tanto el gobierno federal y estatal como las empresas han
mantenido el discurso de que esta actividad beneficiará a las poblaciones. Pero
los pueblos que tienen años padeciendo la minería tienen evidencias de lo
contrario.
Uno de los casos más emblemáticos es el del ejido de
Ayotitlán (Cuautitlán de García de Barragán), en la Sierra de Manantlán.
Durante más de cuatro décadas han sufrido el despojo de la mina Peña Colorada y
desde 2010 han visto cómo grupos armados (probablemente vinculados al Cártel
Jalisco Nueva Generación) entran a su territorio a robar hierro y madera
preciosa como el tampicirán y el granadillo (especies en peligro de extinción).
A pesar de tantos años de minería, este pueblo nahua sigue
siendo uno de los más pobres de Jalisco. Lo que sí ha dejado esta actividad es
territorios infértiles, ríos contaminados, ruptura del tejido social (entre los
que han sido cooptados por las empresas y los gobiernos municipales y los que
resisten al despojo) y violencia: en las últimas dos décadas se calculan unos
30 asesinatos que no han sido investigados y en octubre 2012 sucedió la
desaparición de uno de los miembros del Consejo de Mayores.
Además, el gobierno estatal criminalizó a Gaudencio
Mancilla, uno de los líderes más activos en la lucha contra la minería, a quien
luego de detener y torturar en agosto de 2013, fue sentenciado a tres años de
prisión (actualmente está libre bajo fianza).
En contraste, no hay ningún detenido por la tortura a la
que lo sometieron elementos de la Fiscalía del Estado y mucho menos por la
desaparición de Celedonio Monroy, o por el robo de hierro y madera en las
regiones de la Costa Norte y la Costa-Sur.
Esta situación ha sido exactamente igual a la de Michoacán,
en el sentido de que, al menos desde 2010, el crimen organizado incursionó en
esta actividad desde 2010. Pero de lo que pasa en Jalisco no se habla.
Los nahuas le han informado a las autoridades estatales y
federales dónde podrían colocarse retenes para impedir el paso de camiones
cargados de hierro, pero hasta la fecha no lo han hecho.
Municipios de Jalisco con más territorio
concesionado
Cihuatlán, Cuautitlán de García de Barragán, La Huerta,
Villa Purificación, Autlán, Tomatlán, Cabo Corrientes, Talpa Tenamaxtlán,
Cuautla, Tapalpa, El Limón, Ejutla, Tecolotlán, Guachinango, Ayutla, El Grullo,
Unión de Tula, Tuxcacuesco, Etzatlán, Mascota, San Sebastián del Oeste,
Hostotipaquillo, San Martín de Bolaños, Bolaños, Pihuamo, Tecalitlán, Jilotlán
y Santa María del Oro.
El crimen también roba hierro en Jalisco
*La extracción de hierro es la que más ha generado
conflictos sociales y ambientales en Jalisco, especialmente en la Costa Sur de
Jalisco.
*Desde el 2009, se identificó que las mineras que operaban
en la zona limítrofe entre Colima y Jalisco (Peña Colorada y Minera del Norte,
por ejemplo) ya exportaban hierro del puerto de Manzanillo con destino al
puerto de Qingdao, China.
*Un año después comenzaron a verse grupos armados en zonas
serranas de Jalisco, Colima y Michoacán, metiendo maquinaria para “tronar”
cerros y llevarse el mineral. Ha sido necesaria una red de corrupción en los
puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, pues ahí es donde el producto se
“legaliza” para su exportación.
*La Sierra de Manantlán, que se ubica en la Costa Sur de
Jalisco, fue uno de los principales lugares donde entraron comandos armados
para robar hierro, según denunciaron desde 2010 funcionarios del área natural protegida
y pobladores nahuas de la región. En esta reserva se encuentran algunos de los
depósitos de fierro más importantes del país.
*Las reservas de hierro se encuentran principalmente en la
zona serrana que corre paralelamente a las costas de Jalisco, Colima y
Michoacán.
*El gobierno federal solo habla de que el narco entró al
negocio del hierro en Michoacán, pero esta situación es exactamente igual en
Colima y Jalisco. La diferencia es que en nuestra entidad quien controla este
negocio es el Cártel Jalisco Nueva Generación.
*En los pueblos nahuas donde se han resistido a la minería
y luego a la tala de maderas preciosas (negocio en el que también incursionaron
los cárteles en 2010), los asesinatos y las desapariciones se han
intensificado. Por ejemplo, en el ejido de los nahuas de Ayotitlán (Cuautitlán
de García de Barragán, Jalisco), y en la comunidad de Santa María Ostula
(Aquila, Michoacán).
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