Por unanimidad se aprobó hoy en sesión ordinaria del Congreso del Estado el dictamen de decreto que abroga la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado y se expide la Ley de Información Pública de Jalisco y sus Municipios, que establece de uno a siete años de prisión y multa de 50 a mil días de salario mínimo vigente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a quien incumpla las resoluciones del Instituto de Información.
Anteriormente la negativa de proporcionar información se equiparaba al delito de abuso de autoridad. En el dictamen de la comisión de Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y Reglamentos, así como de la de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública, que presiden los diputados Jesús Casillas Romero y Salvador Arellano Guzmán, respectivamente, sobresalen los puntos siguientes en la nueva ley:
*Amplía el catálogo de sujetos obligados.
*Aumenta la información fundamental.
*Crea el delito de incumplimiento de resoluciones del Instituto.
*Se puntualiza la función del Consejo del Instituto, como órgano máximo.
*El Instituto, a través del Consejo, expedirá lineamientos generales en relación a la clasificación de información pública con menores restricciones en cuanto a la reserva de información.
*Se establece la encomienda de brindar asesoría gratuita y directa a la ciudadanía, así como elaborar y distribuir formatos sencillos y claros.
*Se destina un título en relación a los delitos en materia de información pública.
Por otra parte, se aprobó la Ley de Ingresos del Estado, para el año 2012, por un monto de 74 mil 549 millones 200 mil pesos, en vez de los 72 mil 702 millones 200 mil pesos considerados inicialmente, debido a los ajustes que de última hora se hicieron a propuesta de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos.
Explicó la legisladora en la misma sesión que el Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal fue modificado y llegarán más recursos a Jalisco, por lo que es necesario hacer ajustes en los siguientes rubros: mil 300 millones de pesos del Fondo de Infraestructura y Seguridad; 520 millones de Infraestructura Acuícola y Agrícola; 780 millones a Infraestructura en lo general; 163.9 millones en participaciones y 330 millones en aportaciones.
Aclaró que cuando la Secretaría de Finanzas del Estado hizo la proyección de los ingresos que se recibirían de la Federación todavía no se hacían las ampliaciones al Presupuesto, por lo cual ahora es conveniente que se modifiquen las partidas mencionadas, sin que se considere que hubo algún error.
En la sesión también se votaron a favor, entre otros, los siguientes dictámenes de decreto, en segunda lectura:
El que reforma y adiciona los artículos 175, 176 y 176 bis del Código Penal, y el 342 del Código de Procedimientos Penales, para agravar más las penas en el delito de violación. Actualmente es de ocho a 15 años de prisión, por lo que ahora queda de diez a 20 años, e incorpora otras modalidades como que se configure el delito sin la necesidad de que el acto tenga un fin erótico sexual, así como el de la violación tumultuaria, a iniciativa del diputado Salvador Arellano Guzmán y el Gobernador del Estado.
El que adiciona un párrafo al artículo 227 del Código de Procedimientos Penales, para especificar que la omisión de las autoridades para ordenar o realizar la práctica de las pruebas de exámenes relacionados con peritajes que tienen que ver con accidentes por conducir en estado de ebriedad, se constituyan en delitos de abuso de autoridad, a iniciativa de los diputados Jesús Casillas Romero y José Antonio de la Torre Bravo.
Modificaciones al Código Penal y la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado, para que el delito de sustracción de menores de 18 años de edad, sin el consentimiento de sus padres o tutores, se castigue con una mayor penalidad, es decir, de cuatro a 12 años de prisión, por iniciativa de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN).
Y el que reforma el artículo 4º. De la Constitución Política de Jalisco, para prever el derecho de los jaliscienses del acceso a la cultura y la obligación del Estado a facilitarla, de acuerdo a la iniciativa de los diputados Rocío Corona Nakamura, Juan Pablo Cerrillo Hernández, Gabriel Ponce Miranda, Patricia Retamoza Vega y Raúl Vargas López.
Igualmente se aprobaron las cuentas públicas de los ayuntamientos de Tuxcueca, Etzatlán y Chiquilistlán, correspondientes al año 2008, conforme los dictámenes de la Comisión de Vigilancia.
En acuerdos legislativos, se aprobaron los relativos a establecer medidas de apoyo hacia los connacionales jaliscienses que residen en el Estado de California, en los Estados Unidos, y que son sujetos de los beneficios contemplados en la legislación denominada “Dream Act”, del Estado en mención, así como observar la posibilidad de que el Congreso del Estado otorgue dos becas el año entrante a los estudiantes sobresalientes, por ese motivo.
·-------- NOTA RELACIONADA ABAJO-----------
La iniciativa corresponde a los diputados Olga Araceli Gómez Flores, Raúl Vargas López, Ana Bertha Guzmán Alatorre, José Nicolás Morales Ramos, Javier Gil Olivo, Mariana Fernández Ramírez y Rocío Corona Nakamura.
Igualmente el que gira oficio a los ayuntamientos del Estado, para que incluyan en el Presupuesto de 2012 una partida presupuestal destinada al equipamiento de sus unidades municipales de protección civil, según la iniciativa del diputado Gustavo Macías Zambrano.
El que exhorta al Gobernador del Estado y al Secretario de Desarrollo Urbano, a fin de que cumplan los compromisos adquiridos y entreguen al Ayuntamiento de Guadalajara cerca de 15 mil árboles, para reforestar, por iniciativa de los diputados Enrique Aubry de Castro Palomino y Felipe Hernández Sánchez.
http://www.congresojal.gob.mx/Noticias-1089-nueva_ley_de_informacion_publica_del_estado_.html
Se elevan costos del DREAM Act del estado de California
El sueño de los estudiantes indocumentados de obtener ayuda financiera para ir a la universidad, convertido en ley en octubre pasado, saldrá tres veces más caro de lo planeado, según un nuevo reporte de la Oficina del Analista Legislativo (LAO).
El Departamento de Finanzas había estimado que 2,500 estudiantes calificarían para obtener las becas Calgrants a un costo de $14.5 millones por año, pero ahora la LAO dice que saldrá en $65 millones.
De acuerdo al reporte revelado por LAO, los Colegios Comunitarios podrían verse impactados con $15 millones al exentar del pago de colegiaturas a los estudiantes favorecidos con la ley AB131 del DREAM Act.
La Comisión de Ayuda Financiera estima que el programa de becas Calgrants enfrentaría costos adicionales por $13 millones en el primer año. Para el 2016-17 serían $50 millones. Sólo administrar el DREAM Act les costará hasta $250 mil al año.
Residentes afectados
Además la LAO dice que los estudiantes que son residentes podrían verse afectados para recibir ayuda financiera, porque las becas tendrán que compartirse ahora con los beneficiados por el DREAM Act.
Dan Savage, jefe del equipo de trabajo del asambleísta demócrata de Los Ángeles, Gil Cedillo, autor del DREAM Act, dijo que costará más al estado por el aumento de las colegiaturas universitarias. "Cada vez que los regentes de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California anuncian el aumento de las colegiaturas, va a costar más el DREAM Act", señaló.
El reporte de la LAO le llegó como caído del cielo al asambleísta republicano de Hesperia, Tim Donnelly, quien recaba firmas que le permitan poner en la boleta electoral de noviembre de 2012, una medida para que los votantes echen abajo la ley del DREAM Act.
Rigor Avelar, portavoz en el Norte de California de la campaña "Detengamos el DREAM Act" dijo que en un mes han logrado recabar más de la mitad de las casi 505 mil firmas que necesitan para calificar y aparecer en la boleta electoral.
Riesgos en aumento
Savage dijo que sin duda el reporte de la LAO aumenta los riesgos del DREAM Act y es un argumento conveniente para Donnelly, pero no les garantiza el éxito porque quienes lo rechazan son los mismos de siempre.
Avelar precisó que si el DREAM Act es echado abajo en noviembre de 2012 ya no habrá poder humano que lo levante. "Adiós al DREAM Act, ya no podrán apelar", precisó.
Pero al mismo tiempo que Donnelly y su gente recaban firmas y hasta dan premios en efectivo a quienes más junten como lo hicieron el Día de Acción de Gracias cuando dio una tarjeta de regalo por $505, el asambleísta demócrata de Los Angeles, Felipe Fuentes lanzó una iniciativa para recolectar firmas para que un millón de inmigrantes indocumentados que viven en California puedan trabajar sin temor a ser deportados a través de un programa piloto por cinco años
Posible referendo
Fuentes dijo que necesitarán 504,760 firmas para calificar y aparecer en la boleta electoral de noviembre de 2012 con el Acta de Oportunidad y Prosperidad de California (COPA).
"Esa medida creará cerca de $325 millones en nuevos impuestos de los trabajadores indocumentados, y tenemos el apoyo de republicanos, independientes y moderados, y en una elección donde se espera una gran participación, creemos que es el mejor momento para poner esta iniciativa", señaló Fuentes a La Opinión.
Por su parte, el republicano John Cruz, quien fuera secretario de nombramientos del ex gobernador Arnold Schwarzenegger y quien apoya el esfuerzo de Fuentes dijo que "tiene sentido que la gente establecida en California por años como los trabajadores y propietarios de negocios contribuyan completamente a la sociedad como contribuyentes".
Para ser elegibles al programa que Fuentes quiere impulsar, los inmigrantes deberán no tener antecedentes criminales o ser sospechosos de terrorismo; saber inglés; pagar una cuota, proveer una foto y haber vivido en California desde el 1 de enero de 2008.
La Comisión de Ayuda Financiera estima que el programa de becas Calgrants enfrentaría costos adicionales por $13 millones en el primer año. Para el 2016-17 serían $50 millones
No hay comentarios:
Publicar un comentario