El procedimiento del juicio político en contra de los ex coordinadores parlamentarios de la LVIII Legislatura ya comenzó formalmente, luego de que el pasado jueves se dio cuenta al pleno, explicó el presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, Carlos Briseño Becerra.
A partir de ese momento, señaló, corre un plazo de 45 días para que dicha comisión legislativa resuelva si es procedente o no la incoación del juicio.
La demanda fue presentada por el Congreso Ciudadano que encabeza Margarita Sierra, por las anomalías que se cometieron durante la pasada Legislatura, especialmente con la distribución de los recursos de la llamada partida 8000.
El argumento es que los ex legisladores cobraron recursos por encima de su salario y prestaciones que no les correspondían, por lo que estarían violando la ley, que prohíbe a los funcionarios públicos de primer nivel recibir pagos extraordinarios.
La demanda es contra los seis ex coordinadores parlamentarios, Jorge Salinas Osornio, del Partido Acción Nacional (PAN); Juan Carlos Castellanos Casillas, del Revolucionario Institucional (PRI); Samuel Romero Valle, de la Revolución Democrática (PRD); Óscar Díaz Medina, de Nueva Alianza (Panal); Alfredo Zárate Mendoza, del Partido del Trabajo (PT) y Luis Manuel Vélez Fregoso, del Verde Ecologista de México (PVEM).
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