Hasta el último día del mes se determina situación del alcalde de Etzatlán. 04/ENE/11

La tremenda Corte

Plazo fatal
Los diputados de la actual Legislatura tienen hasta el día 31 de este mes para decidir sobre la solicitud de juicio político que el Congreso Ciudadano y otros particulares interpusieron en contra de los ex coordinadores de la LVIII Legislatura por supuesto "enriquecimiento ilícito", debido a que el dinero para apoyo a las fracciones parlamentarias se depositaba en cuentas personales de los ex legisladores y no en cuentas de cheques institucionales.

No pasará
Como se sabe, los coordinadores en la anterior legislatura fueron Jorge Salinas Osornio (PAN), Juan Carlos Castellanos González (PRI), Samuel Romero Valle (PRD), Luis Manuel Vélez Fregoso (PVEM), Alfredo Zárate Mendoza (PT) y Óscar Díaz Medina (Panal). Se trata de políticos de peso en sus propios partidos y con relaciones políticas consolidadas.

Además, y esto es lo más importante, entre todos los ex legisladores y todos los partidos se deben favores. De modo que, aunque la solicitud de juicio político pudiera prosperar en la comisión de Responsabilidades, es muy difícil que pase la votación en el pleno del Congreso del Estado. Casi, casi se puede anticipar que la petición de enjuiciamiento no pasará.

Fuente: http://www.milenio.com/node/613605

2011: la agenda pública que viene

Otro tema será el desenlace y las consecuencias que traigan las auditorías que las autoridades llegadas en el 2010 a los ayuntamientos y al Congreso ordenaron. Sin dua la que más polémica ha causado es la encargada a la empresa Russell-Bedford para revisar los gastos realizados en el 2007, 2008 y 2009 en el Congreso, cuando los responsables de su manejo eran Jorge Salinas Osornio, de la entonces fracción mayoritaria del PAN; Juan Carlos Castellanos, del PRI; Samuel Romero Valle, del PRD; Oscar Díaz Medina, del Panal;

Alfredo Zárate Mendoza, del PT; y Luis Manuel Vélez Fregoso, del PVEM. La mencionada auditoría señala irregularidades por más de 250 millones de pesos. La clave será ver si la actual Legislatura permite que el actual titular de la Auditoría Superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo, sea quien le dé seguimiento a la auditoría Rusell-Bedford, a pesar de que en ella aparece un pago millonario a su suegro. Habrá que ver hasta dónde los actuales diputados rompen con la impunidad y el derroche que ha sido creciente en el Congreso los últimos 17 años.

Fuente:http://impreso.milenio.com/node/8890221