Identifica CEDHJ patrones de violaciones a derechos humanos en Jalisco por la pandemia COVID-19 durante 2020-2021.
La Comosión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió el informe especial “Situación de los derechos humanos en Jalisco durante la pandemia por COVID-19”, en el que analiza el impacto por el nuevo coronavirus en la entidad durante el primer año de la pandemia (marzo 2020 a marzo 2021), desde una perspectiva contextual de desigualdad y vulnerabilidades.
Entre los hallazgos epidemiológicos resalta que Guadalajara, Colotlán y Atotonilco el Alto presentaron las tasasmás altas de morbilidad por COVID-19.
En general, los casos positivos prevalecieron en los municipios con mayor cantidad de personas con derechohabiencia; es decir, el contagio se vincularía con el dinamismo económico y la movilidad de personas que ello implica.
Sin embargo, las tasas de letalidad más significativas se registraron en Mixtlán, Hostotipaquillo, San Juanito de Escobedo, Degollado, Atenguillo, Etzatlán, San Marcos, San Sebastián del Oeste, Tequila, Tizapán El Alto y Amatitán.
Casos registrados de defunciones:
Hostotipaquillo 3
San Juanito de Escobedo 18
Etzatlán 13
San Marcos 6
Tequila 40
Amatitán 14
El rango de letalidad en estos territorios fue de 30 a 50 por ciento, mientras que la media en el resto de los municipios es de 17.
Al expresar el patrón de letalidad a nivel regional, se observó una continuidad geográfica en las regiones Valles y Sierra Occidental de Jalisco, en la frontera con Nayarit.
Los municipios de dicha zona tienen como característica porcentajes significativos de pobreza multidimensional, carencias sociales, ingresos inferiores a la línea de bienestar, además de una situación precaria, en cuanto a seguridad social.
De hecho, la mayoría de pacientes en esta franja fueron atendidos en unidades de la Secretaría de Salud estatal.
Resalta que, sobre todo en la región Valles, hay una importante presencia de actividades extractivas (petróleo, gas natural, minería y servicios relacionados), perjudiciales para el entorno y la salud humana.
De esta manera, el deterioro en el ambiente podría agravar, casi a la altura de una comorbilidad, la posibilidad de muerte por COVID-19.
También la depresión del sistema inmune de las poblaciones expuestas a dicho contexto se configuraría como un elemento para la letalidad por el coronavirus.
En total, en Jalisco falleció el 13.5 por ciento de las personas que contrajeron COVID-19 en el periodo estudiado.
Un total de 40 633 pertenecientes a conjuntos que pueden identificarse como poblaciones históricamente vulnerados–mujeres; población indígena; población en situación de tránsito; niñas, niños y adolescentes; población penitenciaria y personas adultas mayores– padecieron el contagio por COVID-19 en Jalisco durante el primer año de la pandemia.
Quejas interpuestas
A partir de que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Jalisco, las autoridades han adoptado una serie de actuaciones enfocadas a controlar la pandemia.
Sin embargo, la gestión de la coyuntura ha representado omisiones y transgresiones en las responsabilidades públicas.
Hasta marzo de 2021, ante la CEDHJ se presentaron 499 quejas relacionadas a la coyuntura sanitaria.
La Fiscalía estatal, Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Salud Jalisco fueron las autoridades más señaladas, principalmente, por la probable violación de derechos laborales de empleadas y empleados.
Según los testimonios de las víctimas, se les obligó a laborar sin protocolos de seguridad, ni acciones diferenciadas para grupos con vulnerabilidad de contagios; asimismo, enfrentaron reducciones en sus ingresos por trabajar a distancia.
En el caso de la Secretaría de Salud, casi en la misma proporción que los señalamientos por razones laborales, se presentaron casos por no ejercer debidamente sus servicios.
Ambas transgresiones apuntarían a la configuración de una situación desbordada en uno de los principales actores de la emergencia sanitaria en Jalisco.
Guadalajara concentró el mayor número de quejas, le siguió Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, San Juan de los Lagos, Autlán de Navarro, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Tala, Tonalá, Acatic, Atotonilco el Alto, El Salto, Mascota, Ocotlán, Tamazula de Gordiano, San Cristóbal de la Barranca y Tapalpa.
También, de acuerdo a la sistematización de registros en medios de comunicación sobre probables de hechos violatorios 2 de cada 10 sucesos estuvieron relacionados con la fragilidad económica de los habitantes.
Otro de los derechos impactados fue la libertad de tránsito, que se vio implicado en uno de cada diez probables hechos violatorios registrados. Igualmente se impactó el acceso a la información, al presentarse carencia de datos sobre pacientes contagiados de COVID-19, discrecionalidad de autoridades para dar a conocer la situación epidemiológica en empleados públicos; suspensión de términos en actividad de transparencia; descoordinación discursiva entre gobierno estatal y el gobierno federal, entre otras.
Síndrome Post Covid y Salud Mental
Otro tema pendiente en la agenda de atención por la pandemia es la situación de pacientes con secuelas de la enfermedad, y que ha sido nombrada como “Síndrome Post COVID” por la OMS. Tan solo en Jalisco existiría un total de 68 910 habitantes con el riesgo de continuar con manifestaciones después de convalecer por la enfermedad.
La documentación pública manifestó insuficiencias para la cobertura de dicho contexto.
Una situación similar se registró en el tema de salud mental en Jalisco, pues la información exploratoria arrojó un incremento de suicidios en tentativa, en coincidencia con el primer periodo de confinamiento en la entidad.
Resalta que, de enero a diciembre de 2020, la principal causa de consulta fue por trastornos de ansiedad generalizada, principalmente en mujeres de treinta a cuarenta y nueve años.
La segunda causa: episodios depresivos moderados.
Proposiciones:
A las y los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los 125 gobiernos municipales del Estado.
En el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan las “Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19”, emitidas por la ONU, y en la resolución 1/2020
“Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en todas las actuaciones públicas determinadas en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Adopten las proposiciones dirigidas en el “Informe especial: El impacto a los derechos humanos por la contingencia de Covid-19 en Jalisco, al término de la Jornada Nacional de Sana Distancia y el inicio de la Nueva Normalidad’”, emitido el 2 de julio de 2020 por la CEDHJ.
Al titular del poder Ejecutivo
Incorpore en los mecanismos de comunicación relacionados con el COVID-19, las observaciones relativas a la transparencia de programas y recursos señalados por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
El documento completo del Informe especial se puede consultar en:
http://cedhj.org.mx/recomendaciones/inf.%20especiales/2021/I.E.%20130-2021.pdf
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