Emite la
CEDHJ la Recomendación general 1/2020 por la dignificación de las condiciones
laborales de las y los policías de Jalisco.
El origen
de esta Recomendación general parte del análisis que realizó esta defensoría a
diversas notas periodísticas, con las que se integraron las actas de
investigación 106/2018 y sus acumuladas 136/2018, 9/2019 y 128/2019, las cuales
hablan del rezago en materia de prestaciones y condiciones laborales óptimas,
además del alto riesgo y vulnerabilidad a la que se exponen los elementos que
conforman los distintos cuerpos policiales del estado, quienes cotidianamente
arriesgan la vida para resguardar la seguridad, la tranquilidad y la paz de
todos los que habitan y transitan por Jalisco.
Debido a que del resultado de las actas de investigación se obtuvieron indicios
que sugerían violaciones de derechos humanos, esta Comisión inició de manera
oficiosa la queja 6098/2019/II.
Como antecedente, también fue citado el Pronunciamiento 4/2019 para que, se
mejoren las condiciones laborales y de seguridad de las y los policías en
Jalisco, documento donde se solicitó a las autoridades del poder Ejecutivo del
Estado, así como de los 125 gobiernos municipales, que se implementaran una
serie de acciones para prevenir y proteger la integridad física y psicológica
de los elementos policiales y dotarlos de prestaciones sociales para dignificar
su labor. También se identificó que las agresiones a las y los policías no sólo
se presentan mientras realizan sus funciones, sino también en sus horas de
descanso, generalmente cuando conviven con sus familias.
Asimismo, la Recomendación general 2/2018, en la que se dieron a conocer en la
voz de asociaciones civiles de seguridad pública, las injusticias que viven a
diario las y los elementos policiales, consistentes en medidas de sanción
laboral o administrativa sin que se respeten sus garantías de audiencia y
defensa; opiniones médicas injustas en el ámbito de incapacidades o pensiones,
en el caso de que los elementos hayan perdido parcialmente sus capacidades
físicas o de salud; en este supuesto, son obligados a regresar a trabajar, sin
importar que puedan exponerse a riesgos innecesarios, jornadas de trabajo
inhumanas e inestabilidad laboral.
Esta CEDHJ considera que la seguridad pública no es posible si a quienes son
los principales responsables de garantizarla no se les respetan sus derechos
humanos ni cuentan con las condiciones, equipamiento y elementos mínimos para
desempeñar su trabajo de manera adecuada. Lo anterior es un requisito para que
ellos también respeten las prerrogativas de la población.
Con el objetivo de visibilizar el problema, esta Comisión elaboró un análisis
cualitativo a partir de fichas descriptivas que contienen matrices de
observaciones e irregularidades. El propósito fue identificar, de manera
comparada, la diversidad de prestaciones y rezagos con que cuentan las y los
policías en Jalisco. Derivado de ello, se solicitó al Gobierno del estado y a
los 125 municipios que respondieran un cuestionario con diversos reactivos, y
en el cual sólo 81 municipios atendieron. Cabe señalar que la mayoría no
remitió documentación que respalde la información que se recibió.
Ameca,
Atenguillo, Atoyac, Bolaños, Cañadas de Obregón, Casimiro Castillo, Chapala,
Chimaltitán, Chiquilistlán, Cihuatlán, Cuautla, Cuquío, Ejutla, El Grullo,
Huejúcar, Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, Juchitlán, La Huerta, Mexticacán,
Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo, Poncitlán, San Cristóbal de la
Barranca, San Diego de Alejandría, San Gabriel, San Marcos, San Martín de
Bolaños, San Sebastián del Oeste, Tala, Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano,
Teocuitatlán de Corona, Teuchitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tolimán, Tomatlán,
Tuxcacuesco, Tuxcueca, Unión de San Antonio, Villa Corona y Zapotitlán de
Vadillo, no brindaron la información requerida, a pesar de la obligatoriedad
que imponen los artículos 85 y 86 de la ley que rige esa defensoría de derechos
humanos.
Una vez analizadas de manera conjunta las matrices de observaciones, fortalezas
y debilidades, destaca lo siguiente:
- No todos los elementos policiales del estado, así como de los municipios, cuentan con seguridad social. De la misma manera, no todos están afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal)
- Falta fortalecer las prestaciones con guardería, riesgos de trabajo, jubilación por vejez y pensión en sus diversas modalidades.
- El seguro de vida no forma parte de las prestaciones. Por lo tanto, no se otorga en todos los municipios.
- No en todos los municipios se otorga el permiso por paternidad.
- El equipamiento con que cuenta la mayoría de los municipios es escaso y está en malas condiciones.
- Los chalecos antibalas en la mayoría de los casos están caducos.
- No existe servicio profesional de carrera policial.
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017,
al cierre de ese año se reportó que 23 052 personas realizan funciones de
policía preventiva, tanto en la administración pública estatal como en los
municipios del estado. La policía estatal es quien más elementos tiene
asignados. En el Área Metropolitana de Guadalajara, el número de personas que
realizan labores de policía preventiva a nivel municipal es de 6 884.
En lo que se refiere a la población de Jalisco, la información que proporciona el INEGI al 2015 se contabilizan 7 880 539 personas, de las cuales, 4 796 603, es decir, el 60.86 por ciento de la población estatal, habitan en el Área Metropolitana de Guadalajara. Tomando en cuenta lo anterior, se indica que a nivel estatal existe un policía por cada 342 habitantes, mientras que en el área metropolitana existe un policía municipal por cada 697 habitantes; lo anterior, sin considerar el número de policías estatales con presencia en cada municipio.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se sugiere desde 2006 un estado de fuerza promedio de 2.8 policías por cada mil habitantes. Al comparar esa cantidad con la del párrafo anterior, resulta más que evidente que existe escasez de policías en el estado y sus municipios.
Con relación al rubro de la dignificación policial, un tema a superar es el de
la percepción que tiene la ciudadanía sobre ellas y ellos. La imagen de
la policía está relacionada directamente con el tema del desempeño, lo cual se asocia
con la brecha que se produce entre el aumento de la delincuencia y la capacidad
policial para enfrentarla. Entre más grande es esta brecha en términos de
resultados, mayor es la desconfianza y reserva de la población hacia la policía
y su capacidad institucional.
El reto de cambiar la percepción social sobre el
cuerpo policial no es tarea fácil. Implica no sólo el involucramiento de los
gobiernos municipales y el estatal, sino de quienes conforman las comisarías de
seguridad pública del estado y de los 125 municipios. Deben de articularse
acciones que coadyuven a edificar nuevas bases que fortalezcan los principios
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y
honradez, siempre respetando sus derechos humanos.
La corrupción no tiene cabida en los cuerpos
policiales y sus elementos. Por ello, es necesario crear lazos de confianza y
de protección integral entre el Estado y los gobiernos municipales, al igual
que con aquellos policías que, con honestidad y honradez, denuncian a los malos
elementos de cualquier nivel jerárquico, mismos que despliegan conductas
ilegales hacia el interior de sus corporaciones. Esto no sólo favorecería a las
instituciones, sino a sus familias, ayudando de manera importante en su
quehacer cotidiano.
En materia de seguridad social a favor de las y los
policías, de la información que proporcionaron la Secretaría de Seguridad del
Estado y 81 municipios a la CEDHJ, se desprende que aún persisten deudas en
este ámbito. El gobierno del estado, Ayutla, Jesús María, Mixtlán, Ocotlán,
Quitupan, Santa María de los Ángeles, Tecolotlán, Tonalá y Tonila, no
facilitaron información precisa sobre cuáles prestaciones de seguridad social
otorgaban a sus policías.
Hubo municipios que expresamente señalaron que no otorgaban seguridad social
tales como Acatic, Atemajac de Brizuela, Atengo, Atotonilco el Alto, Cabo
Corrientes, Colotlán, Cuautitlán de García Barragán, Degollado, El Salto,
Encarnación de Díaz, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Huejuquilla, La
Manzanilla de la Paz, Mascota, Quitupan, San Julián, Santa María del Oro, San
Martín de Hidalgo, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Tenamaxtlán, Tonaya,
Totatiche, Tototlán, Tuxpan, Unión de Tula, Villa Guerrero, Villa Hidalgo,
Villa Purificación, Yahualica de González Gallo y Zacoalco de Torres.
Por otro lado, hay municipios que indicaron que proporcionan parcialmente las
prestaciones de seguridad social, es decir, brindan solamente atención médica
y/o enfermedad general, por lo que quedan pendientes otros rubros importantes
tales como el riesgo de trabajo, jubilación y pensión en sus diversas
modalidades. Los municipios que están en este supuesto son: Acatlán de Juárez,
Amacueca, Amatitán, Arandas, Atemajac de Brizuela, Autlán de Navarro, Ayotlán,
Cabo Corrientes, Cocula, Concepción de Buenos Aires, El Arenal, Ixtlahuacán de
los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Jalostotitlán, Jilotlán de los Dolores, La
Barca, Lagos de Moreno, Magdalena, Mazamitla, San Ignacio Cerro Gordo, San
Juanito Escobedo, Tizapán el Alto, Tototlán, Valle de Juárez, Zapotiltic y
Zapotlán del Rey.
Hay municipios que han logrado avances considerables en la materia de mejorar
prestaciones laborales a sus elementos policiales, y que sólo les hace falta
apoyarlos con guarderías. En este caso, se encuentran El Limón, Gómez Farías,
Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, San Pedro
Tlaquepaque, Sayula, Tecalitlán, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Tequila, Valle
de Guadalupe, Zapopan, Zapotlanejo y Zapotlán el Grande.
Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara merece una mención especial, pues,
además de dotar a sus elementos con un seguro de gastos médicos, aprobó en
julio de 2019 la instalación de una guardería que trabajará las 24 horas de los
365 días del año, para los elementos operativos de la Comisaría de la Policía
de Guadalajara y de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
En lo referente a los permisos de maternidad, según lo contempla el artículo 34
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se
determinan 90 días de descanso con remuneración íntegra, pudiendo ser 30 antes
de la fecha aproximada para el parto, y 60 más después de este. Llama la atención
de esta defensoría de derechos humanos que Jalostotitlán, Encarnación de Díaz y
San Miguel el Alto informaron que otorgan un plazo mucho menor al que establece
dicha normativa, mientras que Cuautitlán de García Barragán, El Salto,
Ixtlahuacán del Río, La Manzanilla de la Paz, Mixtlán y Quitupan indicaron que
no brindan esta prestación elemental.
En el rubro de los permisos de paternidad, el gobierno del estado, junto con
diversos municipios, brinda esta prestación complementaria, no obstante que
sólo está regulada por el artículo 132, fracción XXVII bis de la Ley Federal
del Trabajo, normativa reglamentaria del apartado A del artículo 123
constitucional. En este apartado, Amacueca, Cuautitlán de García Barragán, El
Salto, Guachinango, Ixtlahuacán del Río, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla,
Mixtlán, Quitupan, Techaluta de Montenegro y Villa Purificación informaron que
no brindan esta prestación.
Con relación a los conceptos de horas extra y horario laboral, este organismo
advirtió una diversidad de información que no es congruente, pues se manejan
horarios que van de 12, 24 o 48 horas de trabajo por 12, 24 o 48 de descanso;
es decir, 48, 60 o 96 horas de trabajo a la semana. Por lo anterior, es
necesario diseñar horarios a favor de las y los policías que permitan una sana
convivencia con sus familias y por supuesto, el descanso, pues son elementos
básicos para su buen desempeño.
En 2019, 446 policías fueron asesinados en el país. De esta cifra, 29
corresponden a Jalisco. La mayor preocupación de un elemento policial es perder
su vida. Al ejercer esta profesión, también están en juego otros aspectos, como
sus compañeros de trabajo y su familia, pues una persona que se dedica a una
actividad de alto riesgo como es esta, corre el riesgo de no regresar a casa.
De acuerdo con la información proporcionada, la Secretaría de Seguridad
Pública, Arandas, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Cabo Corrientes, Cuautitlán de
García Barragán, Guadalajara, Jesús María, Lagos de Moreno, San Ignacio Cerro
Gordo, San Juan de los Lagos, San Pedro Tlaquepaque, Tecalitlán, Tecolotlán,
Tenamaxtlán, Zapopan, Zapotiltic, Zapotlán el Grande y Zapotlanejo sí otorgan
seguros de vida para sus elementos. Mención especial merece la Policía del
Estado al considerar el seguro de vida como un derecho de los elementos de su
corporación.
Lo anterior es un avance en el logro de las prestaciones complementarias de los
elementos policiales, pues les da la tranquilidad sobre el futuro de sus
familias, en caso de que algo les suceda. Dar toda certeza a quienes todos los
días salvaguardan la vida, la integridad, los derechos y bienes de las
personas, así como también las libertades, el orden y la paz públicos, merecen
evitar que en su pensamiento persista la idea de que sus familias pudieran
quedar en el desamparo, en caso de que pierdan la vida en cumplimiento de su
deber.
Es necesario diseñar un protocolo que brinde total certeza a los deudos del
policía caído en cumplimiento de su deber y, con ello, evitar una doble
victimización. Los objetivos serían:
- Garantizar a los beneficiarios designados, el pago oportuno del seguro de vida.
- Designar a personal de la dependencia de adscripción para que ofrezcan la asesoría y el acompañamiento necesario durante todos los trámites que genera el deceso de una persona, con total sensibilidad y transparencia.
- Se extienda durante el tiempo en que se lleva el trámite el apoyo económico a los deudos, con el fin de que puedan cubrir sus necesidades básicas.
- Brindar el apoyo psicológico durante el tiempo que sea necesario a las víctimas indirectas.
Es necesario articular acciones que auxilien a
los deudos de los elementos caídos en cumplimiento de su deber. Ello se puede llevar
a cabo mediante medidas legislativas que estipulen un fondo de apoyo para estos
casos de emergencia o de muerte de los elementos, a fin de ayudar
económicamente a sus familias o quienes detenten la calidad de víctimas
indirectas. Se trata de un gesto de reconocimiento a su labor, de sensibilidad,
buena voluntad y reciprocidad con quienes diariamente salen de sus hogares a
arriesgar su vida para defender a la ciudadanía.
Los altos niveles de inseguridad que viven el país y Jalisco inciden en el
grado de estrés que pueda padecer la o el policía. A ello se suman factores
como los trámites administrativos que los aleja de la vigilancia directa, como
el llenado de los informes policiales homologados (IPH), entre otros; el
sistema de trabajo por turnos, unido a la incertidumbre de lo que pueda
presentarse y que, en la mayoría de las ocasiones, incide en falta de descanso
y convivencia con la familia; la remuneración insuficiente que no satisface los
requerimientos mínimos para mantener a sus familias; el equipamiento
insuficiente, así como la escasez de personal que complica la prestación de
apoyo cuando el policía afronta una sobrecarga notable de trabajo.
Estos niveles de estrés que genera el trabajo policial, según la Organización Internacional
del Trabajo, pueden causar problemas como desavenencias conyugales, alcoholismo
e incluso suicidios. El Estado y los municipios tienen que estipular como parte
de las prestaciones sociales de los cuerpos policiales, mecanismos de
prevención al estrés policial, con el fin de evitar mayores problemas que
incidan en la esfera laboral y familiar. Se deben practicar exámenes médicos y
evaluaciones psicológicas a las y los policías expuestos a factores de riesgo
psicosocial. Es necesario fortalecer la seguridad y salud para evitar factores
de riesgo psicosocial a los que están expuestos y que ello permita lograr un
trabajo digno a través de políticas, líneas estratégicas de acción y proyectos
con un enfoque preventivo, para que prevalezcan centros de trabajo con
condiciones seguras y saludables.
Por lo anterior, esta CEDHJ emite las siguientes recomendaciones:
Al
gobernador constitucional de Jalisco; al coordinador general estratégico de
Seguridad del Gobierno del Estado de Jalisco, así como a las y los titulares de
los 125 gobiernos municipales de Jalisco:
Se lleve
a cabo la atención y la reparación integral del daño a favor de las y los
policías de la Secretaría de Seguridad del Estado y de los 125 gobiernos
municipales, pues han sido afectados sus derechos, intereses o bienes jurídicos
colectivos como resultado de la violación de sus derechos humanos; sobre todo
de quienes, con motivo de sus funciones, perdieron su vida, están
desaparecidos, o hubieren sufrido una discapacidad parcial o total, y cuyos
trámites están en curso, y donde además, sus familias aún no reciben las
prestaciones económicas que en derecho les corresponden.
Se
realicen las adecuaciones y los ajustes necesarios en sus presupuestos para que
se mejoren los sueldos de los elementos policiales. Debe considerarse el alto
riesgo al que se enfrentan cotidianamente, así como el incremento de la
inseguridad, por ello este tema es de alta prioridad.
Se
garantice la estabilidad laboral de los elementos policiales estatales y municipales.
En congruencia con este tema, se deben realizar las adecuaciones necesarias a
los procesos de control de confianza para garantizar el ingreso y permanencia
de personas capaces, honestas y comprometidos con la función policial y el
servicio a la comunidad.
Se
realicen los ajustes, así como los convenios de incorporación necesarios,
preferentemente con el IMSS o con alguna institución federal, estatal u
organismo público descentralizado para que se brinden a las y los policías de
su jurisdicción las prestaciones mínimas de seguridad social, donde se
garantice:
- Asistencia médica.
- Prestaciones monetarias de enfermedad.
- Prestaciones de desempleo.
- Prestaciones de vejez.
- Prestaciones en caso de accidente del trabajo y enfermedad profesional.
- Prestaciones familiares.
- Prestaciones de maternidad.
- Prestaciones de invalidez.
- Prestaciones de sobrevivientes.
- Guardería
Se lleven
a cabo los ajustes administrativos y presupuestales necesarios para que afilien
al Ipejal a los elementos policiales del estado, así como de los 125 gobiernos
municipales, para que tengan derecho a obtener una pensión, así como al
otorgamiento de créditos para una vivienda digna. Asimismo, que se valore la
dotación de becas escolares para los hijos e hijas de quienes integran los
cuerpos policiales del estado y sus municipios.
Se
otorgue a las y los policías del estado y de sus municipios seguros de vida con
cobertura amplia y se instrumente a favor de las víctimas indirectas, un
protocolo para que se logre la pronta y expedita obtención del recurso que les
ayude a continuar con sus proyectos de vida de manera digna. Se sugiere la
creación de un área que ofrezca la asesoría y el acompañamiento necesario
durante todos los trámites que genera el deceso de una persona, con total
sensibilidad y transparencia.
Para el
caso de los elementos policiales que se están desaparecidos, se solicita que
también se brinde a favor de las víctimas indirectas, asistencia y asesoría
jurídica integral, para que, en los casos que ellas así lo decidan, realicen el
trámite y obtengan la declaración de ausencia por desaparición, con el fin de
regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas y
las de sus familiares y dependientes.
Se
considere la creación de un fondo estatal de apoyo a familiares y dependientes
económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales que han
perdido la vida en el cumplimiento de su deber, así como de quienes están
desaparecidos. Asimismo, que se valore la participación de las asociaciones civiles
que representan a este sector, con el fin de que se garantice su debido
funcionamiento y la transparencia de su operación.
Se brinde
el permiso para paternidad, así como autorizaciones para asistir a eventos
relevantes para la vida familiar.
Se lleven
a cabo las acciones necesarias para mejorar la infraestructura y el
equipamiento de los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad, así
como de los 125 municipios de Jalisco, tales como patrullas, radios, chalecos
no caducos, uniformes —en cantidad, frecuencia y calidad suficientes—,
armamento, etcétera. Asimismo, que se implemente en cada comisaría un
reglamento interno que se refiera a los procesos de mantenimiento y reemplazo
de este equipamiento, así como de supervisión. Para aquellas comisarías, sean
estas estatales o municipales, cuyos elementos policiales no cuenten con las
licencias de portación de arma, se regularice a la brevedad dicho trámite, con
el fin de brindarles certeza jurídica.
Realizar
las adecuaciones normativas necesarias para que se institucionalice y se
reglamente la jornada limitada de trabajo o de servicio, con el objetivo de
tener días de descanso semanales y periódicos, a favor de las y los policías
estatales y municipales, y que esto repercuta en una sana convivencia familiar
y de descanso. En el caso de la jornada extra y acuartelamientos, que se les
retribuya económicamente lo que les corresponda. Todo ello sin descuidar el
estado de fuerza necesario para cumplir con el derecho a la seguridad pública
que tiene la ciudadanía.
Instauración
de una auténtica carrera de formación policial, así como de procesos de
ascensos, para una profesión que cotidianamente se vuelve más peligrosa.
También se sugiere informar a las y los elementos policiales del estado y de
los municipios las reglas debidamente definidas, donde se contemplen los
requisitos para dichas promociones, tomando en cuenta la profesionalización y
que todos los resultados sean públicos. Se pretende con ello desterrar los
amiguismos y la corrupción del interior de las corporaciones.
Se
incluya en los reglamentos aplicables el reconocimiento público a aquellas o a
aquellos policías que, con valentía y excelencia, sobresalen por su valor,
capacidad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.
Articular
los procesos administrativos internos necesarios que garanticen y protejan con
total sigilo, a aquellas o aquellos policías que, con honestidad y honradez,
denuncian a elementos - de cualquier nivel jerárquico - que despliegan
conductas ilegales en el interior de sus corporaciones y que dañan su imagen
ante la sociedad.
Con el
fin de atender los problemas psicológicos que enfrentan las y los policías
estatales y municipales, como el estrés, ansiedad, depresión y deficiencias en
su desempeño laboral, se solicita que se les brinde acompañamiento terapéutico
para garantizar su estabilidad emocional. Asimismo, que se impartan talleres de
capacitación para el manejo positivo del estrés, inteligencia emocional,
comunicación asertiva y técnicas para el control de emociones. De igual forma,
es preciso garantizar el trato digno por parte de sus superiores.
En
atención a la NOM-035-STPS-2018 sobre Factores de Riesgo Psicosocial en el
Trabajo-Identificación, Análisis y Prevención, se ponga en marcha su
aplicación, con el fin de establecer los elementos que identifiquen, analicen y
prevengan los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno
organizacional favorable en las comisarías de seguridad pública de su
jurisdicción.
Se realice
un diagnóstico de las bases de policía, con el fin de detectar los rezagos en
su equipamiento y mantenimiento. Hecho lo anterior, que se lleven a cabo las
adecuaciones para que estas sean dignas para las y los policías.
Se pongan
en marcha programas de capacitación y formación en materia de derechos humanos,
tácticas y técnicas policiales, manejo de armas, lengua de señas mexicana, así
como indígena, dirigidos a todo el personal operativo de las diversas
corporaciones policiales del estado y de los municipios, con el fin de
fortalecer el respeto de los derechos humanos, la operatividad y atención a
grupos vulnerables.
Que, de
manera coordinada, el gobierno del estado y los 125 municipios revisen el
procedimiento o protocolo que se realice en los exámenes de control y
confianza, con el fin de que sea más ágil y otorgue mayor certeza a los
aspirantes. Asimismo, se brinde respeto y se evite caer en actos de
hostigamiento o discriminación respecto al grado académico, tanto de quienes
desean pertenecer a las corporaciones policiales como de quienes ya pertenecen.
Se lleven
a cabo las adecuaciones normativas y reglamentarias necesarias para que se
contemplen los protocolos tendentes a garantizar la protección de las y los
elementos de policía estatales y municipales, así como de sus familias, en los
casos en que estén en situaciones de amenaza o agresiones graves, donde, de
forma coordinada, se implementen y fortalezcan las medidas urgentes para
proteger su seguridad personal. Ello con mayor urgencia y a favor de quienes
han participado en la investigación de casos relacionados con la delincuencia
organizada o la detención de personas que participan en estas organizaciones
delictivas.
En apego
al principio pro persona y de máxima protección del personal de Bomberos y
Protección Civil del Estado y de los 125 municipios, quienes también en sus
labores diarias arriesgan su vida, se valore el homologar a su favor las
recomendaciones generales descritas, con el fin de transitar también a la
dignificación de su valiosa labor.
Al
Congreso del Estado:
Instruya
a una comisión para que elabore el estudio, análisis y dictamen de una
propuesta de iniciativa de ley donde se establezca un marco jurídico favorable
para la dignificación de las y los policías del estado y de los 125 municipios.
Aunque no
son autoridades involucradas como responsables en esta resolución, pero tienen
atribuciones y competencia en los hechos, se hacen las siguientes:
4.
Peticiones
Al
titular del Organismo Público Descentralizado Policía Metropolitana:
Detectar
al interior de la nueva figura que representa, los rezagos que se han
presentado en las comisarías locales y con ello, fortalecer este nuevo cuerpo
policial.
Al
titular de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas Jalisco:
Proceda
en caso de no tener el registro, a registrar como víctimas indirectas a los
familiares de las y los policías del Estado y de los municipios que están
desaparecidos, con el propósito de brindarles la atención y reparación integral
que corresponda.
Se
otorgue a favor de las víctimas indirectas la atención y reparación integral
que conforme a derecho proceda, mediante medidas y garantías que correspondan,
incluyendo las inherentes a la compensación subsidiaria y acceso a los fondos
correspondientes.
Otorgue
la asistencia y asesoría jurídica integral a las víctimas indirectas para que
en los casos que ellas así lo decidan, realicen el trámite y obtengan la
declaración de ausencia por desaparición, con el fin de regular de manera
apropiada la situación legal de las personas desaparecidas y las de sus
familiares y dependientes.
A los
titulares de los órganos internos de control de Ameca, Atenguillo, Atoyac,
Bolaños, Cañadas de Obregón, Casimiro Castillo, Chapala, Chimaltitán,
Chiquilistlán, Cihuatlán, Cuautla, Cuquío, Ejutla, El Grullo, Huejúcar, Jamay,
Jocotepec, Juanacatlán, Juchitlán, La Huerta, Mexticacán, Mezquitic, Ojuelos de
Jalisco, Pihuamo, Poncitlán, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de
Alejandría, San Gabriel, San Marcos, San Martín de Bolaños, San Sebastián del
Oeste, Tala, Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano, Teocuitatlán de Corona,
Teuchitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tolimán, Tomatlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca,
Unión de San Antonio, Villa Corona y Zapotitlán de Vadillo:
Que, con
motivo de la omisión de brindar la información que este organismo solicitó en
la integración del acta de investigación 106/2018 y sus acumuladas 136/2018,
9/2019 y 128/2019, así como la queja 6098/2019/II, se solicita el inicio del
procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de quien o quienes
resulten responsables, pues lo anterior favoreció el entorpecimiento de dichas
investigaciones.
Fuente: CEDHJ Boletín # 5
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